Política

“Legalizando medio millón de autos chutos, si es que fuera esa la cantidad, a 2 mil dólares, es 1.000 millones de dólares de recaudación, entonces esto va en beneficio de nuestro pueblo”, aseguró el candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz.

La Procuraduría recordó que "debe existir una voluntad real del Estado de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que el sistema de administración de justicia pueda realizar sus labores en conformidad con los estándares de independencia, credibilidad, transparencia y objetividad".

Según información oficial, la ley introduce un mecanismo excepcional que suspende temporalmente los embargos y difiere créditos por un periodo de seis meses, lo que permitirá a la población reorganizar sus finanzas sin la amenaza de perder sus hogares o cerrar sus negocios.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, indicó que los dichos de la diputada de ese país, María Luisa Cordero,"son declaraciones particulares que condenamos tajantemente porque son xenófobas y no representan al conjunto de nuestro Estado y menos de nuestro gobierno. Y por cierto, que tampoco de nuestra sociedad".

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Justicia, remarcó que es fundamental que todos los órganos del Estado actúen conforme a las obligaciones internacionales de derechos humanos, especialmente porque Bolivia forma parte tanto del sistema universal como del sistema americano.

La segunda vuelta está convocada para el próximo 19 de octubre. Rodrigo Paz (PDC) y Jorge Quiroga (Libre) aspiran a ser el nuevo Presidente del Estado boliviano.

El Alcalde de La Paz, remarcó que si bien esa propuesta de nacionalización de los autos chutos puede traer recursos económicos al Estado, será un “gran problema para las ciudades porque nos va a generar una congestión en las calles debido a que van a entrar muchos vehículos más”.

“La CIDH y ONU Derechos Humanos instan a las instituciones bolivianas a considerar el impacto de dichas anulaciones judiciales en los compromisos internacionales de derechos humanos y a que se eviten demoras procesales que favorezcan la impunidad de estas masacres, así como a adoptar las medidas necesarias para remediar la situación”, señala el pronunciamiento.

El Presidente del Estado destacó que su gobierno preservó la democracia a pesar, dijo, de quienes intentaron acortar su mandato constitucional.

La investigación contra Flores y otros exfuncionarios de la empresa estatal se da por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y enriquecimiento ilícito. El caso está relacionado con el proyecto de la planta de transformación de papa en El Alto.