Gente

La reparación de los daños, que suman al menos 20 metros cuadrados, podría representar un costo aproximado de menos de 5 mil bolivianos.

“Dicho ajuste consistirá en un incremento del 40% sobre las tarifas vigentes por un periodo de 180 días calendario, computables a partir del 2 de enero de 2026”, informó Carlos Agreda, director ejecutivo de la ATT.

Édgar Landívar, interventor de Epsas, sostuvo su primera reunión oficial con el alcalde paceño y su equipo de secretarios, en un encuentro calificado como inicial y orientado a abrir canales de diálogo y trabajo conjunto.

“Una vez que se aprobó la nueva escala tarifaria- el pasado miércoles 24 de diciembre- se realizaron los controles durante el fin de semana, no con la intensidad que se debería. Sin embargo, a partir de hoy ya estamos intensificando  los controles con toda la Guardia Municipal”, afirmó el director de Regulación y Ordenamiento de Movilidad, Luis Oliden.

Aunque el Decreto Supremo 5506 fue concebido para regir por única vez, la posibilidad de extender el descanso de fin de año está sujeta a que los datos demuestren que este tipo de pausas laborales se traducen en un éxito para las familias y los emprendedores locales.

Ante ese panorama, la COB y, particularmente los mineros usaron dinamitas para dispersar a la gente y hubo enfrentamientos entre los movilizados y la gente que se oponía a la medida.

La autoridad señaló que no habrá tarifas nocturnas ya que los precios son transitorios hasta realizar un estudio de costos “que será enviado al Concejo Municipal”, una vez sea hecho.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, aseveró que en enero “haremos un ajuste” basándose en un “análisis del impacto que ha tenido los hidrocarburos, en este caso el diésel, y las rutas”.

“Viendo el bien común hemos establecido estas tarifas que empiezan a regir desde este miércoles (…) Estas tarifas son solidarias transitorias y veremos las circunstancias que vaya presentándose”, señaló el Alcalde de La Paz.

Los mayores incrementos acumulados se registraron en Cochabamba (44,1%), La Paz (35,7%), Potosí (32,3%) y Oruro (30,9%), "evidenciando una afectación directa sobre la economía de los hogares, especialmente de aquellos en situación de mayor vulnerabilidad", señaló la Defensoría.