El juez Rolando Spanholo del Distrito Federal de Brasil determinó la suspensión inmediata del decreto aprobado por el Gobierno de Michel Temer que extinguía la Reserva Nacional del Cobre y Asociados (Renca) en la zona norte de la Amazonía, y que abría las puertas a su explotación por parte de la industria minera. El juez alega que el Gobierno no puede tomar esa decisión por decreto, sin previa deliberación del Congreso Nacional, según informa el diario O Globo.

El juez justificó su decisión apelando al artículo 225 de la Constitución brasileña determina que las áreas de protección ambiental sólo pueden ser alteradas o suprimidas a través de una ley, "quedando prohibido cualquier uso que comprometa la integridad de los atributos que justifiquen su protección".

La Renca está en el norte de Brasil, entre los estados de Amapá y Pará; tiene cuatro millones de hectáreas. Fue creada en 1984 para preservar importantes yacimientos de oro, hierro, manganeso y otros minerales, que nunca fueron explotados.

En la región conviven diferentes áreas de protección medioambiental y reservas indígenas, que según las organizaciones ecologistas podrían verse amenazadas por la industria minera.

El Gobierno de Temer aprobó por decreto la extinción de la reserva, pero ante la polémica generada rectificó y el lunes publicó un nuevo decreto, donde se detalla de forma más minuciosa cómo deberá hacerse la explotación de las tierras, aunque el fondo del contenido apenas presenta cambios.

La Fiscalía del estado de Amapá pidió su suspensión, alegando que la reserva está bajo riesgo ambiental porque ya hay sobre la mesa 58 peticiones de explotación minera. La Fiscalía considera que el decreto es inconstitucional.

Según analistas y organizaciones ecologistas, Temer emitió el decreto para honrar un compromiso con el sector "ruralista", quienes apoyaron que la Cámara de Diputados archivara la denuncia que pesaba en su contra por corrupción.

Grupos ambientalistas, movimientos sociales y celebridades protestaron contra las medidas del Gobierno Temer. Una petición online recogió casi 700.000 firmas para que se cancele el decreto que pretende facilitar los usos agrícolas, ganaderos y mineros en esta región del país.