La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa su profunda preocupación por la decisión del gobierno peruano de otorgar un indulto humanitario al ex presidente del Perú, Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos, ya que no cumple con requisitos legales fundamentales, como tampoco con elementos del debido proceso legal e independencia y transparencia de la junta de evaluación técnica, en la que participó el médico particular del sentenciado.

“La decisión también desconoce el principio de la proporcionalidad entre el perdón de la pena y la gravedad de los delitos de lesa humanidad. Los crímenes contra la humanidad son aquellos que ofenden los principios generales del derecho y se convierten en una preocupación de la comunidad internacional, constituyendo una gravísima ofensa a la dignidad humana y una negación flagrante de los principios fundamentales consagrados en las Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, por lo que no deben quedar impunes”, dice el comunicado de la CIDH.

La Comisión subraya que el derecho internacional de los derechos humanos prohíbe la aplicación de amnistías, indultos y otros excluyentes de responsabilidad a personas que han sido encontradas culpables de crímenes de lesa humanidad.

En este sentido, la CIDH recuerda que en 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró que los crímenes perpetrados en el caso La Cantuta constituyen crímenes de lesa humanidad. De la misma manera, en 2001, en el marco del caso Barrios Altos, la Corte clasificó los hechos cometidos por el ex mandatario como graves violaciones a los derechos humanos.

La CIDH anuncia que actuará junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la realización de una audiencia pública de supervisión conjunta de cumplimiento de las sentencias dictadas en los casos La Cantuta y Barrios Altos.

“Perú siempre fue considerado una referencia internacional en la lucha contra la impunidad para los graves crímenes contra los derechos humanos y las circunstancias exigen una nueva evaluación”, añade la CIDH que también cuestiona la violenta reacción de las fuerzas de seguridad en contra de las manifestaciones pacíficas en protesta por el otorgamiento del indulto, ya que es “incompatible con una sociedad democrática donde las personas tienen el derecho de manifestar su opinión pacíficamente.

Por otro lado, la organización cuestiona el hecho de que también se otorgue como una gracia presidencial su exclusión de cualquier proceso penal que se esté siguiendo en su contra, ya que incumple la obligación internacional del Estado Peruano sobre el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.