El juez federal Julián Ercolini elevó hoy a juicio oral la causa que investiga a la expresidenta y actual senadora, Cristina Kirchner, por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz al Grupo Austral, del empresario Lázaro Báez.

También están acusados Julio De Vido, quien fue ministro de Planificación Federal durante su administración, y Lázaro Báez, dueño del grupo Austral Construcciones, la empresa bajo sospecha de haber obtenido la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz de manera irregular.

Un tribunal de segunda instancia, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ratificó a mediados de septiembre el procesamiento de la exmandataria y el embargo por 10.000 millones de pesos (500 millones de dólares) que en diciembre de 2016 había decretado Ercolini en su contra.

En su resolución original, el magistrado acusó a la exjefa de Estado de los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada por el direccionamiento de obras públicas viales al grupo Austral Construcciones.

En marzo de 2016, una auditoría interna de la Dirección Nacional de Vialidad determinó que la mitad de las 55 obras otorgadas a Austral Construcciones quedó inconclusa a diciembre de 2015. El 90% había duplicado y hasta triplicado el plazo de obra. Ese informe, "Avance de Gestión Integral de Obras ejecutadas en el Distrito 23 de Vialidad Nacional", terminó en la Justicia y dio origen a la causa que involucra a la expresidenta.