La presión sobre los gobiernos de Ecuador y Colombia aumentó, después de la publicación de un video de los tres trabajadores del diario El Comercio de Quito, retenidos desde hace una semana por disidentes de las FARC; después de que se hiciera público el video, el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, presentó los avances de la investigación y afirmó hoy que los tres miembros del equipo periodístico están retenidos en Ecuador. 

"Las autoridades colombianas tienen alguna información que demostraría que (los tres secuestrados) están en territorio ecuatoriano", aseguró hoy Martínez a periodistas.

Según detalló Martínez, los periodistas "estarían en la zona de Mataje", si bien agregó que las autoridades ecuatorianas "afirman que estarían en Colombia". Finalmente, aseguró que la organización criminal que ha secuestrado a los periodistas fue denunciada hace seis meses por la Fiscalía General, pese a lo cual "se ha convertido en una verdadera amenaza para el sosiego y la tranquilidad ciudadana tanto para Colombia como Ecuador".

El periodista Javier Ortega de 32 años, el fotógrafo Paul Rivas, de 45, y el conductor Efraín Segarra, de 60, realizaban un reportaje sobre la grave situación de violencia en una zona de Ecuador fronteriza con Colombia.

En el video divulgado por el telenoticiero colombiano RCN, Ortega le pidió al gobierno de su país desistir del "convenio" contra el "terrorismo" que tiene con Colombia y acceder a un intercambio por disidentes apresados esa nación, cuyas identidades se desconocen, para lograr su rescate.

"Señor presidente Lenín Moreno en sus manos están nuestras vidas. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus tres detenidos en Ecuador por nuestras vidas, nuestras tres vidas para ir sanos y salvos a Ecuador, y también la anulación de ese convenio que tienen Ecuador y Colombia para acabar con el terrorismo", precisó Ortega.

Un grupo de organizaciones, gremios, medios de prensa y periodistas internacionales reclamaron de Ecuador y Colombia las "acciones necesarias para garantizar la liberación inmediata" y pidieron a los jefes de Estado "evitar operativos que pongan en riesgo la integridad de los miembros del equipo periodístico" y aplicar "protocolos específico" para su liberación.