El Gobierno nicaragüense rechazó por escrito el informe "Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua" presentado en Ginebra y en Managua por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH (Oacnudh).

"La Oacnudh se extralimitó al emitir este documento, que es violatorio al numeral 3 literal a) de la citada resolución, que la obliga a "respetar la soberanía, la integridad territorial y la jurisdicción interna de los Estados", dice el documento de 33 páginas emitido por el Gobierno nicaragüense.

La administración de Daniel Ortega cuestiona además que la ONU se refiera a violaciones de derechos humanos en el contexto de protestas, "obviando que lo sucedido en Nicaragua fue un intento de Golpe de Estado pretendiendo romper el orden constitucional".

El Gobierno de Ortega dijo que "rechaza de manera integral el denominado informe presentado por la Oacnudh, por considerarlo subjetivo, sesgado, prejuiciado y notoriamente parcializado, redactado bajo la influencia de sectores vinculados a la oposición, y ausente del debido cuidado en su redacción de manera objetiva".

El informe de la ONU

La ONU denunció que el gobierno de Nicaragua ha cometido violaciones a los derechos humanos desde que comenzaron las protestas el pasado 18 de abril. El organismo denuncia el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, despidos arbitrarios y además asegura que los grupos armados progubernamentales han actuado con el beneplácito de las autoridades.

La misión de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) recomendó al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad internacional “monitorear la evolución de la situación en Nicaragua, considerando la adopción de medidas para prevenir un mayor deterioro de la situación de derechos humanos”.

También insta al Consejo de Derechos Humanos a hacer un llamado a Nicaragua a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, así como con sus compromisos y promesas incluidas en el contexto del mecanismo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos (EPU) y a cooperar plenamente con los órganos y mecanismos de derechos humanos.

El informe destaca que la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua desde el comienzo de las protestas sociales se ha caracterizado por múltiples formas de represión y otras formas de violencia, “que han resultado en miles de víctimas”, incluyendo aproximadamente 300 personas fallecidas y 2,000 heridas.

El informe aclara que, aunque algunas manifestaciones se tornaron violentas, la mayoría de los manifestantes fueron pacíficos, por lo que el organismo pudo concluir que, en casos en los que hubo actos de violencia por parte de los manifestantes, el uso de la fuerza letal por parte de las autoridades en contra de amenazas no letales, así como la utilización de grupos armados progubernamentales, también fueron violatorios del derecho humano internacional.

La misión también le aconseja al Gobierno asegurar que se realicen prontamente investigaciones independientes, imparciales, efectivas, completas y transparentes en relación a las denuncias “de serias violaciones a los derechos humanos y abusos que han ocurrido desde el 18 de abril especialmente ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas de personas, arrestos y detenciones arbitrarias e ilegales” .

De igual forma recomienda detener los actos ilegales, liberar a todas las personas que han sido detenidas de forma arbitraria, asegurar el respeto al derecho al debido proceso de todas las personas y “tomar medidas urgentes para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, absteniéndose de ejercer cualquier indebida interferencia, presión o influencia”.