El Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto, y la Plataforma de Luchadores sociales contra la impunidad, la justicia y la memoria histórica del pueblo boliviano se reunieron hoy y llamaron públicamente a las instituciones del Estado a facilitar información sobre las dictaduras y a cumplir con las obligaciones para con las víctimas de las mismas.

El presidente de la Plataforma, Julio Llanos, señaló que la protesta está seis años pidiendo que se cumpla lo que establece la Constitución Política del Estado (CPE) y las normas internacionales. Señaló que se ha firmado un documento para el trabajo conjunto orientado a las reivindicaciones del sector. Bajo este acuerdo es que se envían cartas con requerimiento de información a varias instituciones de Estado.

Por su parte, Tezanos Pinto informó que se han enviado requerimientos de informes a los ministerios de Justicia sobre el pago de beneficios de sepelio conforme a la ley 2649, sobre gestiones de política pública y de memoria histórica; y al de Relaciones Exteriores sobre la desclasificación de los archivos de la dictadura, además de otros ministerios.

Se pidió información también a la Caja Nacional de Salud sobre los mecanismos en políticas de atención de salud y dotación de medicamentos a las víctimas de las dictaduras, a la Procuraduría General del Estado sobre los avances y acciones como consecuencia de la audiencia de las víctimas y el Estado Boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que Bolivia se comprometió a tomar medidas para beneficiar a dichos sobrevivientes.

Asimismo, se habría enviado una petición a la Comisión de la Verdad para que les muestren su plan de trabajo y se conozcan las acciones que se pretende realizar para conocer lo sucedido durante los gobiernos militares en Bolivia. Sin embargo, esta última habría respondido señalando que no pueden hacerlo debido al “principio de confidencialidad”. Lo cual fue criticado por Tezanos Pinto, pues señala que no pidieron las conclusiones de los informes, sino simplemente el plan de trabajo.

El Defensor señaló que es una reiteración de los pedidos de informes que se han hecho anteriormente e hizo un “llamado público” para ser atendidos por las autoridades. Los miembros de la Plataforma mantienen desde hace seis años una vigilia frente al Ministerio de Justicia pidiendo la reivindicación de sus derechos.