El juez James Cohn falló, la tarde de este miércoles, a favor del expresidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada y su otrora ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzain, en el juicio civil que le instauraron los familiares de las víctimas en los conflictos de octubre de 2003. Revirtiendo así el veredicto que había dado el jurado hace dos meses.

En su sentencia Cohn es claro: los abogados de los familiares de las víctimas no pudieron demostrar que las ex autoridades usaron a las fuerzas militares para matar premeditadamente a civiles desarmados.

“Aunque la evidencia (presentada) genera una razonable inferencia de que los defendidos (Goni y Sánchez Berzain) planearon usar fuerzas militares para, por ejemplo, restaurar el orden en Bolivia, no es posible inferir – sin especulación- que planeaban usar la fuerza para matar a civiles desarmados”, señala el juez.

En ese sentido, Cohn explica que la única prueba con relación a un plan previo (de las autoridades para matar premeditadamente a civiles) es la declaración del exministro Victor Hugo Canelas Zannier, que declaró que Sánchez Berzain, en una reunión desarrollada el año 2000, había señalado abiertamente que a ellos no les pasaría lo mismo que a Banzer en la Guerra del Agua “así tengan que descartar a los mostrencos (conscriptos jóvenes) y traer tropas del Beni para matar a 2.000 o 3.000 personas a fin de asegurar sus políticas económicas”.

En su sentencia, el Juez transcribe el interrogatorio a Canelas, dónde se evidencia que Canelas habría respondido que si se tratara de matar gente las dictaduras habrían durado para siempre; en cambio, Goni no se habría pronunciado y más bien habría acabado la reunión.

Consecuentemente, el Juez señala que ninguno de los 29 testigos presentados por la parte demandante mencionó la palabra ‘plan’ para matar inocentes civiles y asevera que el testimonio de Canelas es un comentario que se realizó tres años antes de los hechos del 2003 y que tampoco declaro que Goni estuviera de acuerdo con los comentarios de su ex ministro.

Asimismo, el Juez considera que el argumento sobre la existencia del ‘Plan República’, generado por las Fuerzas Armadas, y su eventual ejecución no justifica la existencia de un plan previo para asesinar civiles.

En este punto se refiere al testimonio de José Luis Harb, y señala que en el seno del Gobierno existían dos posiciones: una la de responder “a través del control por los mecanismos del estado” y la otra la de negociar dialogando. Si bien es evidente que existió más de 50 muertos y que prevaleció la línea dura del gobierno, esto no fue suficiente para el Juez.

El juez también  reconoce que las victimas están por 15 años buscando justicia en Bolivia y Estados Unidos, pero declara que no han presentado una base legal probatoria suficiente para determinar responsabilidad.

Para llegar a esta conclusión sostiene que la crisis en los lugares específicos donde existieron muertes refleja también una posición de violencia desde la población civil: una emboscada en Warisata, bloqueos en El Alto, ataques a camiones cisternas y ataques a los militares en la zona sur de La Paz. El Juez sostiene que no hay evidencia de que los disparos fueran más que reacciones desproporcionadas a disturbios civiles o ataques a los militares. Es decir que para el Juez, sería posible inferir que el uso de la fuerza fue necesaria para restablecer  el orden en Bolivia y añade que estas tácticas y estrategias militares no pueden ser consideradas una matanza extrajudicial bajo la perspectiva del derecho internacional.

“La evidencia presentada muestra que los demandados respondieron a los disturbios civiles en Bolivia, con mano dura y que algunos miembros del ejército boliviano, no identificados dispararon contra civiles por razones desconocidas”, dice Cohn en su sentencia.

En base a estos argumentos el Juez concluye que la prueba presentada es insuficiente y de esta forma deja sin efecto y valor legal la decisión del Jurado, declarando que el Juez dictara un fallo en derecho consistente con su decisión de que no existe prueba suficiente.

“La parte acusadora falló en presentar cualquier evidencia que soporte que las muertes fueron ‘emprendidas con estudio, consideración y propósito’ (…) y es legalmente insuficiente para apoyar el veredicto del jurado a su favor”, finaliza.

Las declaraciones de Carlos Mesa no se tomaron en cuenta

Es importante señalar, asimismo, que el juez Cohn no tomó en cuenta el libro y las declaraciones escritas presentadas por el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa – quien no se presentó a declarar al juzgado-, al momento de emitir su sentencia.

Este dato es importante debido a que la existencia o inexistencia de un “Plan República” y el debate interno desde los hechos de Warisata, hasta que Carlos Mesa se retira del Gobierno de Goni, muestran un conocimiento directo sobre la divergencia declarada por José Luis Harb entre un sector duro y un sector que buscaba negociar. 

Es decir que en definitiva, la palabra del expresidente Mesa, precisando la existencia o inexistencia de un plan previo para matar ciudadanos de El Alto o más propiamente autorizar el uso de la fuerza por parte del Ejercito podrían haber sido esclarecedoras en este caso. En ese sentido, el testimonio del exmandatario podría ser parte importante en las apelaciones que vayan a presentar los familiares de las víctimas de octubre negro. El sistema judicial norteamericano habilita la presentación de apelaciones y reclamos por parte de las víctimas. Si bien las mismas no podrán incluir testimonios, sí podría adjuntar la esclarecedora palabra de Carlos Mesa.