Bolivia fue el único país que se negó a firmar una declaración especial del Mercosur con una dura condena al gobierno de Nicaragua por la represión generalizada y las desapariciones forzadas.

El documento – firmada por todos los países miembros de la Mercosur y asociados con excepción de Bolivia-  subraya “la preocupación por el agravamiento de la situación” nicaragüense que se “deteriora hace ya 8 meses”.

Reiteran “enfáticamente su condena a los hechos de violencia que han provocado la pérdida de numerosas vidas y rechazan la represión generalizada y sistemática contra ciudadanos y extranjeros”.

Menciona “las desapariciones forzadas y las detenciones arbitrarias” que el gobierno de Managua “ha perpetrado contra la población civil, incluidos los defensores de los derechos humanos”.

El Mercosur y sus miembros asociados: Colombia, Chile, Ecuador y Perú, “hacen un llamado” a la presidencia nicaragüense de Daniel Ortega para que permita “trabajar libremente a los mecanismos regionales e internacionales de protección y promoción de los derechos humanos”.

El bloque advierte que deben “permitirse la investigación de todos los hechos de violencia ocurridos desde el inicio de las manifestaciones populares del 18 de abril”.

En ese contexto le reclaman al gobierno de Nicaragua “la desarticulación de las organizaciones paramilitares, restableciendo plenamente las garantías civiles y políticas en el país”.

Añade que debe ser asegurada “la libertad de expresión del pueblo nicaragüense y su derecho a manifestarse libremente”.

El comunicado, en términos inusualmente duros, exhorta “al gobierno a retomar sin dilaciones el camino del diálogo para encontrar una solución pacífica y negociada, que devuelva al pueblo el pleno goce de sus derechos civiles y de sus libertades fundamentales”.