La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) presentó el martes, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), una acción de inconstitucionalidad abstracta contra el contenido de siete artículos y dos disposiciones transitorias de la Ley 1055 de Empresas Sociales.

La CEPB demandó la suspensión de la aplicación de esa norma hasta que se resuelva esa acción, debido a que la vigencia de la Ley 1055 puede ocasionar daños irreparables al patrimonio de los empresarios, sus actividades y negocios, así como a derechos de terceros, según una nota de prensa de esa institución.

Los empresarios observaron los contenidos de los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 9 y 11, además de las disposiciones adicionales tercera y cuarta, que atentarían contra garantías y principios constitucionales, como la igualdad y no discriminación, protección a la propiedad privada, libertad de empresa, libre asociación, garantía del debido proceso, derecho a la defensa, entre otros.

La CEPB agregó que la Ley 1055 fomenta la confrontación entre trabajadores y empleadores, y desalienta la inversión y la creación de empresas en el país.

“Estamos seguros que está plenamente sustentada y confiamos que el TCP procederá de acuerdo a derecho y dispondrá la expulsión de los artículos observados, del ordenamiento jurídico boliviano”, agrega un comunicado de la CEPB.

La Ley de Empresas Sociales establece, entre otras cosas, el marco jurídico para la constitución de empresas sociales y establece que los trabajadores pueden reorganizar y reactivar una determinada empresa en casos de quiebra, liquidación, concurso preventivo, cierre y/o abandono injustificado.