El expresidente de la Cámara de Senadores y actual senador del Movimiento al Socialismo (MAS), Milton Barón, aseguró hoy que el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  haya admitido un recurso en contra de la reelección “inconstitucional” de Daniel Ortega en Nicaragua no guarda ningún tipo de relación con el caso boliviano y reiteró que Evo Morales está legitimamente habilitado para las elecciones de octubre.

De acuerdo al legislador, la admisión del caso por parte de la CIDH, “de ningún modo significa que resuelva la demanda planteada”. Explicó que de acuerdo al procedimiento, la Comisión al haber admitido la denuncia analizará si hay materia suficiente para remitir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sería esa instancia la que resuelva el proceso en un lapso que duraría entre 4 a 5 años.

“Inicialmente la Comisión tendrá que ver si amerita remitir a la Corte Interamericana este caso, que de momento, solo cuenta con una admisión y nada más, no hay un fallo final sobre el caso”, sostuvo el Senador.

Aseveró que en los hechos, el caso de Nicaragua es diferente a la situación boliviana, ya que – explicó- que en el país centroamericano se está reclamando que el demandante no habría tenido opción de interponer recursos legales previos en su país, señaló Barón.

“En el caso nuestro, si quieren comparar, aunque no cabe la comparación, pero nosotros nos encontramos en una situación diferente a la de Nicaragua. En el caso boliviano, no sólo hay una Sentencia del Tribunal Constitucional, sino que hemos tenido unas Elecciones Primarias, las cuales tienen carácter vinculante para las Elecciones Generales”, enfatizó.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  admitió el recurso presentado por el opositor nicaragüense Fabio Gaeda Mantilla contra la reelección “anticonstitucional” en 2011 del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

El 2011, Ortega argumentó que sus derechos políticos a ser candidato eran vulnerados, por lo que forzó su repostulación indefinida a través de una demanda constitucional y una reforma de la Carta Magna desde el Congreso, a pesar de que la Constitución de su país prohibía expresamente su candidatura.