El exalcalde de La Paz, Juan del Granado, salió en conferencia de prensa para referirse al sonado caso Brun y la demanda coactiva que presentó la Contraloría General del Estado en su contra y contra otras siete personas.

La Contraloría inició tal acción en contra de Del Granado argumentando que hubo un daño económico al Estado Bs 19.924.748 por el pago de una indemnización al ciudadano Juan Brun por la demolición de su vivienda el año 2000.

Ante ello, el exalcalde de La Paz aseveró que la demolición del inmueble fue realizada en el marco de las leyes vigentes y en cumplimiento de distintas disposiciones y mandamientos de diferentes instituciones. Señaló, por ejemplo, que la Defensoría del Pueblo – a cargo de la señora Ana María Campero- le pidió la demolición del inmueble.

Además, dijo, había una ordenanza municipal emitida por el Concejo Municipal de ese entonces, emitida el 2009, que exigía su derrumbe; y también existía una orden del Ministerio Público de ese entonces.

Señaló que antes de permitir la demolición de la vivienda comprobó la vigencia plena de las tres resoluciones y los “antecedentes ilegales que rodeaban este caso”.

 “Al proceder con la demolición solo cumplí las normas, leyes y resoluciones de la Defensoría del Pueblo, del Concejo Municipal y del Ministerio Público (…) mi conducta en este caso y en todos en los que participe estuvo siempre enmarcada en la Ley, la Constitución y la legalidad”, aseveró.

Asimismo, señaló que la jueza y los magistrados de la entonces Corte Suprema de Justicia incurrieron en un delito de prevaricato al ordenar el pago de una indemnización de 19,9 millones de bolivianos a favor de José Brun, que había iniciado una demanda civil en contra del Gobierno Municipal de La Paz.

Incluso recordó que el 2012, la Alcaldía de La Paz inició un juicio de responsabilidades en contra de las autoridades judiciales, pero fue “paralizado por la mayoría del Movimiento al Socialismo”.

En ese sentido, Del Granado criticó el accionar de la Contraloría y aseveró que esa instancia estatal realizó una auditoría “ilegal, falsa y fraudulenta”. Explicó que es ilegal debido a que la resolución de la Contraloría “desconoce y le quita validez legal a la resolución de la Defensoría, a una ordenanza municipal y a una orden del Ministerio Público”.

También criticó que el informe de la Contraloría no diga nada respecto a los fraudes procesales del juicio civil y el “prevaricato” en el que incurrieron jueces y magistrados al fallar a favor de Brun y finalmente reprochó que la Contraloría no mencione nada respecto al “enriquecimiento ilícito del señor Brun”.

La Contraloría también inició una demanda coactiva en contra del exconcejal Roberto Moscoso Valderrama, la abogada Aida Camacho Bermúdez, además de Simón Ruiz Paz Corrales, Juan Gonzalo Ruiz Paz Corrales, Gonzalo Ruiz Paz y Cecilia Real Guzmán.

Señaló que estas acciones en su contra son muestra del “autoritarismo gubernamental” y advirtió que “Juan sin Miedo no se ha ido y está aquí para defender su honra”.

Juan Brun inició un proceso contra el gobierno municipal, en el año 2000, debido a que la comuna ordenó la demolición de su vivienda porque se encontraba, según el argumento edil, en un área municipal.

La Resolución 57/2015 del Juzgado Tercero  de Partido en lo Civil-Comercial, a cargo de la jueza Consuelo Chacón, dispuso el 20 de mayo de 2015 que la Alcaldía pague a Brun 19,9 millones de bolivianos como indemnización.

El actual alcalde de La Paz, Luis Revilla  hizo el pago de 14 millones de bolivianos en octubre del 2017. En esa ocasión, se informó que los restantes Bs 5,4 millones serían divididos en partes iguales entre los dos abogados que vieron el caso, desde que se inició la demanda.