El asesor jurídico del Ministerio de Gobierno, Antonio Saavedra, negó el jueves una supuesta persecución política contra Sergio Pampa – representante de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca)- y aclaró que esa cartera de Estado no le sigue procesos penales al dirigente cocalero, imputado por la Fiscalía por seis delitos, entre ellos amenazas de muerte y atentar los derechos de cocaleros de La Asunta.

El miércoles luego de ser capturado por Inteligencia, Pampa señaló que es víctima de persecución política, que es inocente de los delitos de los que se lo sindica, por lo que -a su juicio- su aprehensión es “totalmente política” ya que el Gobierno quiere hacer creer que él paga a sicarios en los Yungas.

“El señor Pampa tiene procesos pendientes y la orden de aprehensión es porque no se apersonó a instancias judiciales para colaborar con la justicia, por lo tanto, sus declaraciones están fuera de lugar. Esta persona dice que es perseguida política, pero es falso porque en ninguno de los procesos el Gobierno forma parte, no tenemos tuición. Que se retracte porque el Estado no le sigue procesos”, afirmó.

La tarde de este jueves, la Fiscalía emitió una orden de aprehensión contra Pampa, a quien imputa por seis delitos.

"En la imputación el Ministerio Público solicita la detención preventiva contra Sergio Pampa y Saúl Tito, aprehendidos en La Paz, quienes están denunciados por seis delitos: lesiones graves y leves, amenazas de muerte, allanamiento de domicilios, robo agravado, daño calificado, tenencia de sustancias explosivas y fabricación de sustancias explosivas", explicó el fiscal del caso, Gustavo Balderrama.