El Ministerio de Justicia, el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización ‘Ana María Romero’, el Ministerio de Gobierno, la Policía Boliviana, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y la Fiscalía General del Estado, suscribieron hoy un acuerdo de cooperación institucional para eliminar la impunidad en casos de feminicidios.

“Hoy, más que nunca, la coordinación y la transparencia en la acción de la administración de la justicia está presente para luchar contra la violencia hacia las mujeres. La firma del Pacto 3 para eliminar la impunidad es un gran compromiso asumido”, manifestó el ministro de Justicia, Héctor Arce, en el acto de firma del convenio.

Recordó que la implementación de la Ley 1173 de Abreviación Procesal Penal es la segunda norma fundamental complementaria a la Ley 348 que significará menos sufrimiento para las mujeres que tienen que recurrir a las instancias judiciales y policiales por violencia (….).

“El día de ayer, la directora de Niñez informó que, hasta el 30 de julio, se registraron 33 casos de infanticidio y más de 1.000 casos de violencia sexual en contra de niños y niñas. Es también nuestra responsabilidad volcarnos a estos casos (…)”, añadió.

A su turno, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, José Antonio Revilla, reprochó la ola de violencia hacia las mujeres que sufre el país y manifestó que “queremos eliminar esa impunidad, de la cual nos sentimos también responsables, porque los procesos contra los feminicidas no terminan; tenemos datos bastante alarmantes. Por ejemplo, las salidas alternativas: ¿Es concebible, desde un punto de vista técnico y jurídico, que se aplique un criterio de oportunidad para una persona que asesinó a otra persona por el solo hecho de ser mujer o por el odio a la mujer que tiene? Absolutamente, no”.

La directora del Servicio Plurinacional de la Mujer, Tania Sánchez, explicó, por su parte, que con la firma de este convenio, se conformará una comisión interinstitucional para articular acciones conjuntas y coordinadas y brindar respuestas prontas y efectivas a familiares de las víctimas de feminicidios y violencia sexual, identificar las causas de retardación de justicia y, en su caso, determinar responsabilidades a los servidores que hubieran contribuido a la retardación de justicia.