El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Mauricio Ordóñez, informó el lunes que solicitó al Fiscal General del Estado y a la Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) reactivar el juicio de responsabilidades contra del exministro de Desarrollo Rural Agropecuario y Medioambiente, Hugo Salvatierra, padre de la legisladora Adriana Salvatierra, por la venta de tractores agrícolas de manera dolosa.

"Hemos solicitado al Fiscal General del Estado que pueda iniciar nuevamente y reactivar el proceso, de igual forma hemos cursado nota a la presidente del Congreso Nacional, Eva Copa, para que de igual forma se inicie el proceso que corresponde", informó en una conferencia de prensa dictada en la ciudad de Santa Cruz.

Una auditoría realizada en 2007 detectó un presunto incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica atribuida a Salvatierra que, junto a algunos de sus colaboradores, supuestamente entregaron 12 tractores a una población cruceña, pero esta maquinaria nunca llegó a su destino, ni cumplió con la finalidad para la que fue comprada.

Ordoñez detalló que hasta el momento se pudo "identificar 33 contratos, 99 tractores que no se hubieran entregado a quienes se debían entregar, hay un daño económico al Estado de más de 500.000 bolivianos, que la justicia tiene que aclarar".

La autoridad recordó que los tractores a los que refiere el caso no fueron entregados a las organizaciones sociales que en 2006 sufrieron por desastres medioambientales.

"No se concretó esta entrega a quien se debió entregar, hubieron contratos donde no se garantiza justamente el repago del contrato a la contraparte por parte de los productores en este caso", agregó.

Detalló que ese proceso se inició en 2008 a denuncia de la exministra de Desarrollo Rural, Susana Rivero, pero "ha estado durmiendo durante 11 años".