El jefe de la División Corrupción Pública de la FELCC, Luis Fernando Guarachi, confirmó que la pasada semana la Fiscalía emitió una orden de aprehensión en contra de la exministra de Comunicación, Gisela López, por el denominado ‘caso Neurona’.

“El mandamiento es a nivel nacional. Apenas ingrese (López) a territorio boliviano ya tenemos coordinaciones con migración e Interpol para dar cumplimiento con la orden de aprehensión”, señaló Guarachi, según el reporte de PAT.

Guarachi, en ese sentido, llamó a López así como al resto de las exautoridades que tienen órdenes de aprehensión en su contra a presentarse ante las autoridades para dar a conocer su versión de los hechos.

Cabe recordar que el pasado miércoles, López aseguró que no fue notificada respecto a ningún proceso en su contra y tampoco fue “requerida” por la justicia.

“Yo no he sido ‘requerida por la justicia’ hasta hoy, Navidad. He sido linchada mediáticamente. He sido hostigada, amenazada y me ha dado muerte civil el golpismo. Pero no tengo siquiera requerimiento para declarar ante Fiscalía”, señaló López.

El pasado 2 de diciembre, la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, denunció que López huyó del país hacia Argentina el 22 de noviembre y anunció una querella en su contra por el caso Neurona.

Según Lizárraga, López escapó para no afrontar procesos por  la "corrupción" y "daño económico al Estado" cometidos cuando estuvo al frente de ese ministerio. La autoridad denunció que entre 2016 y 2017, la Gestión de López adjudicó de manera directa contratos por productos comunicacionales a la empresa mexicana Neurona Consulting por Bs 12,4 millones. Las adjudicaciones fueron auditadas por irregularidades.

Por este caso, la Contraloría presentó una acusación en contra 12 personas del Ministerio de Comunicación, que tienen responsabilidades por distintos delitos, como uso indebido de influencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, incumplimiento de contrato, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.