El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, confirmó hoy que el Gobierno decidió retirar la acusación por el llamado ‘caso terrorismo’ y pidió al Ministerio Público dar por finalizado el proceso.

“No estamos de acuerdo en esto, más después de conocer las declaraciones de las juezas ciudadanas que dijeron que todo fue montado por el Ministerio de Gobierno. El Ministerio Público debería ser coherente, se han retirado los jueces ciudadanos, se retira el Ministerio de Gobierno, este caso debería acabar acá”, aseveró Murillo en conferencia de prensa.

El caso terrorismo, como se lo conoce en Bolivia, ocurrió en abril de 2009. El 16 de abril de ese año agentes policiales tomaron el hotel Las Américas, ubicado a pocas cuadras de la plaza central de Santa Cruz. En el operativo fueron ejecutados: el húngaro-boliviano, Eduardo Rózsa; el irlandés Michael Martin Dwyer y el húngaro-rumano Árpád Magyarosi. El boliviano-croata Mario Tadic y el húngaro Elod Tóásó fueron encarcelados y después de seis años, en 2015, obtuvieron su libertad luego de someterse a un juicio abreviado en el que se declararon culpables.

El gobierno de Morales denunció en ese entonces que eran mercenarios que planeaban atentar contra el expresidente y armar una milicia civil para iniciar una guerra secesionista en Santa Cruz, cuyos dirigentes habían impulsado un proceso de autonomía.

Inicialmente, a principios de diciembre de 2019, el ministro Murillo afirmó a El Deber que retrirar la denuncia sería un exceso, pero que la presidenta Añez lo autorizó a buscar mecanismos legales para afrontar el caso. “Yo, como ministro de Gobierno, tengo que cuidarme las espaldas. Pensé que podía retirar la demanda, pero no se puede retirar porque caería en un exceso, por el que el próximo Gobierno me puede hacer un juicio y meterme a la cárcel”, dijo Murillo cuando iniciaba su gestión.

El fiscal del proceso Marcelo Soza huyó del país denunciando que todo fue un montaje del Gobierno; antes de irse acusó a 39 personas, 22 fueron a juicio, cuatro fueron separadas por razones de salud y seis se acogieron al proceso abreviado, declarándose culpables, 16 salieron del país como refugiados, entre ellos Branko Marinkovic, quien regresó al país hace unos días. 

Al respecto, Murillo señaló que ha solicitado a la justicia de Brasil la extradición del exfiscal  Soza.

En 2018, se abrió un proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado boliviano por violación a los derechos humanos durante la intervención policial e investigación del caso.