El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, informó hoy que el Gobierno solicitó formalmente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el cambio de dos de los cuatro miembros que llegarán al país para investigar los hechos ocurridos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Concretamente, el ministro de Justicia observó a dos integrantes de la Comisión: Patricia Tappatá Valdez y a Juan Méndez “quienes, desconociendo la lucha social del pueblo boliviano para recuperar la democracia, calificaron los sucesos ocurridos en octubre y noviembre de la gestión pasada como un ‘golpe de Estado’, lo cual demuestra la parcialidad y peligrosa tendencia política de ambos integrantes”, puntualizó.

“La CIDH no es una corte formal, consecuentemente sus pronunciamientos tampoco tienen segunda instancia. Por tanto, sugerimos al señor Abrao –estableciendo un plazo– que los profesionales mencionados no formen parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por tener una opinión predefinida y tendenciosa de los hechos ocurridos en Bolivia” agregó la autoridad.

Asimismo, el titular de esta cartera de Estado reafirmó el compromiso del país con la protección y garantía de los derechos humanos.

“El Estado boliviano no tiene nada que ocultar porque el Gobierno actúa con sujeción a los Derechos Humanos y puede permitir la llegada del GIEI aunque sus miembros tengan antecedentes tendenciosos en favor de gobiernos autoritarios” explicó.

En diciembre del año pasado, la CIDH recibió la invitación del gobierno boliviano para la visita "in loco", con el propósito de que pueda "rectificar" el primer informe que publicó este organismo sobre los hechos de violencia tras los conflictos electorales.

En el mismo, la CIDH hablaba de masacres en Senkata y Sacaba. Dicho documento fue calificado de "sesgado" y "parcializado" por autoridades del órgano Ejecutivo.

Tras aceptar la invitación, la CIDH informó oficialmente, en enero pasado, que el GIEI estará conformado por Patricia Tapatta Valdez (Argentina), Julián Burger (Reino Unido), Marlon Weichert (Brasil) y Juan Méndez (Argentina). Los mismos, según se informó, tienen experiencia investigando casos como, por ejemplo, el de los 43 estudiantes desaparecidos en México.

Ya en diciembre del 2019, la CIDH informó que el GIEI trabajará por el lapso de seis meses en el país, aunque ese tiempo puede extenderse si se ve conveniente. Tendrá mandato para investigar” los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades, incluyendo asesinatos individuales o colectivos, lesiones personales, detenciones irregulares o arbitrarias” en Bolivia.

También investigará actos de racismo o discriminación, lesiones de la libertad de expresión, persecución judicial o extrajudicial, desaparición forzada, tortura, incendio y destrucción de viviendas, amenazas, y hechos afines o similares.