La Procuraduría General del Estado (PGE) calificó a Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como una "caja de resonancia" de la ONG Human Rights Watch (HRW)  y aseguró  que en Bolivia existe libertad de expresión.

El sábado, la Relataría de la CIDH expresó su preocupación respecto al Decreto Supremo 4200 promulgado por el Gobierno para la lucha contra el coronavirus, principalmente por su intención de sancionar penalmente la desinformación o el “incitar a delitos contra la salud”, hecho que califica como una figura “amplia y vaga” que amenaza la información periodística. Incluso, pidió al Gobierno dejar sin efecto dicha norma.

"La PGE lamenta profundamente que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, luego de sólo tres días después de que la ONG Human Rights Watch emitiera su Comunicado del 07 de Abril, cuestionando el Decreto Supremo, se hubiese pronunciado exactamente en el mismo sentido que esta ONG; constituyéndose así en una simple caja de resonancia de la misma", señaló al respecto la procuraduría, a través de un comunicado público.

En ese sentido, la Procuraduría cuestiona que el pronunciamiento de la relatoría sea apresurado y "con franco prejuzgamiento, sin la debida contextualización", además de carecer de argumentación fáctica y jurídica.

Reafirmó, asimismo, que tras un análisis jurídico minucioso de la observación hecha al Decreto Supremo 4200 concluyó que esa norma "es plenamente compatible con los principios, valores y normas del Estado Constitucional de Derecho, así como con los estándares de convencionalidad contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y demás convenios internacionales en materia de Derechos Humanos".

En ese marco, la procuraduría también afirmó que esa norma tiene el objetivo de prevenir de desinformación y "no la restricción a la libertad de expresión. Advirtió, además, que la prevención de desinformación en temas de salud “es convencional y constitucional" en un estado de emergencia sanitaria, a efectos de que la población pueda conocer y cumplir con las medidas de protección de salud adecuadas dictadas por el Estado, según los parámetros internacionales de salud de la OMS.

Finalmente, la institución estatal aclaró que el Decreto Supremo "no establece nuevos delitos, ni sanciones penales" y reiteró que "la libertad de expresión se mantiene incólume en Bolivia”.

Cabe recordar que la pasada semana la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW, Observatorio de Derechos Humanos en español) denunció que el DS 4200 atenta contra la libertad de expresión al incluir una “disposición excesivamente amplia y vaga que habilita a las autoridades a procesar penalmente a quienes critiquen políticas públicas”.

El pasado 25 de marzo, la presidenta Jeanine Áñez dictó el Decreto Supremo 4200, que amplió las medidas de cuarentena por el Covid-19. Una de sus disposiciones (artículo 13.II) estipula que las “personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.