La presidenta del Estado, Jeanine Añez, mediante Decreto Supremo, otorgó 40 días más al Comité Nacional de Bioseguridad para aprobar los procedimientos abreviados para la evaluación de productos transgénicos (maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya) destinados para el consumo interno y la exportación.

Según el Decreto Supremo 4238, aprobado el pasado 14 de mayo, se modifica el DS 4231 con la siguiente disposición única:”Para dar cumplimiento al presente Decreto Supremo, en un plazo de hasta cuarenta (40) días calendario computables a partir de la publicación del mismo, el Comité Nacional de Bioseguridad, deberá aprobar los procedimientos abreviados” para el uso de transgrénicos.

Originalmente, el Decreto 4232, del 7 de mayo de 2020, fijaba un plazo de hasta diez (10) días calendario para que el Comité Nacional entregue el mismo trabajo; ese plazo se cumplía mañana, domingo, y el gobierno decidió otorgar más tiempo.

Asimismo, el nuevo Decreto dispone que serán los Ministerios de Relaciones Exteriores; de Desarrollo Productivo y Economía Plural; de Salud; de Medio Ambiente y Agua; y de Desarrollo Rural y Tierras, los que queden encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

La norma, cabe recordar, fue duramente cuestionada por distintos sectores y autoridades.

Ayer, la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta en contra del Decreto 4232.

Para la Defensora, el Decreto viola el derecho a la seguridad alimentaria, transgrede el principio de supremacía constitucional y el de reserva legal, y atenta contra la biodiversidad de semillas originarias y diversas como el maíz, explicó la Defensora.

Por su parte, la presidenta del Senado, Eva Copa, calificó este viernes de inconstitucional al Decreto Supremo 4232 y anunció que la Asamblea hará respetar los procedimientos legales en vigencia.

Copa señaló que como ALP realizan el seguimiento respectivo al recurso legal que interpusieron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) para dejar sin efecto este decreto, toda vez que el glifosato, un agrotóxico empleado en el 85 por ciento de los cultivos transgénicos, es altamente nocivo para la salud humana según estudios científicos y médicos avalados por la Organización Mundial de la Salud.

“Es inconstitucional, el decreto no está sobre la ley, un decreto no puede pasar la Constitución, pero reitero que el artículo 409 de la Constitución Política del Estado (CPE) dice cómo se tiene que hacer el tratamiento para abrir el debate y tratar el tema de transgénicos; la ley lo hace, la Asamblea y nosotros estamos apelando al procedimiento”, dijo la autoridad legislativa.

Empero, el Gobierno ha defendido en reiteradas ocasiones la norma y justificó que Bolivia consume productos transgénicos “todos los días”.