El Ministerio Público instruyó a la Fiscalía Departamental de La Paz conformar una comisión para investigar el presunto caso de corrupción en la adquisición de respiradores de fabricación española.

“La Fiscalía General del Estado comunica a la población que ha instruido a la Fiscalía Departamental de La Paz la conformación de una comisión de fiscales para la investigación minuciosa, transparente y objetiva sobre las adquisiciones de estos equipos y los partícipes del hecho”, informó el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa.

En ese sentido, a través de un comunicado, el Ministerio Público señaló que las investigaciones establecerá el grado de participación de cada uno de los involucrados y vinculados en el Flujo del Proceso  de Contratación de Compra Directa, “desde la unidad solicitante hasta la conclusión del proceso de adquisición, además de la participación de servidores público bolivianos en el exterior, vía Cancillería, si efectivamente existe la participación de empresas intermediarias, número de proveedores que se presentaron”.

Asimismo, la Fiscalía señaló que se solicitará un informe al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), puesto que la adquisición de los respiradores fue financiada y luego respaldada por ese organismo internacional.

Por otro lado, el Fiscal General del Estado también indicó que, en el marco de la investigación, hasta el martes ya se aprehendió a cuatro personas:  al Director Jurídico del Ministerio de Salud y tres funcionarios de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM).

Asimismo, se procedió al secuestro de la carpeta del proceso de contratación y se precintó las oficinas de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

La pasada semana llegaron al país 170 respiradores de fabricación española para la lucha contra el coronavirus y ayer se conoció que hubo un sobreprecio en la adquisición de los aparatos. Y es que el gerente de general de la empresa fabricante del producto, GPA INNOVA, Pau Sarsanedas, informó que el precio de los respiradores oscila entre los 7 mil y los 12 mil dólares la unidad, pero según información oficial el Gobierno pagó 27.683 dólares por cada una.

Además, también se conoció que otra empresa importadora ofreció al Gobierno traer 175 de los mismos respiradores a 12.500 dólares, menos de la mitad de lo que terminó pagando el Gobierno, con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Tras conocerse el hecho, la presidenta del Estado, Jeanine Añez, instruyó una rigurosa investigación del hecho, “caiga quien caiga”.