El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que se alista un “requerimiento conclusivo” que involucra al expresidente Evo Morales y al dirigente cocalero Faustino Yucra,  por el ‘caso audio’.

“Existen varios casos contra el señor Morales, que están siendo investigados. Tenemos el caso de los audios, que en estos días ya van a presentar el requerimiento conclusivo correspondiente. Está previsto que sea en esta semana”, informó Lanchipa al periódico Bolivia.

En noviembre del año pasado, el Ministerio de Gobierno presentó un audio- video en el que se escucha presuntamente a Morales hablar con Yucra para planificar un “cerco a las ciudades” durante los conflictos postelectorales.

Por ese audio, el Ministerio demandó a ambos involucrados por los delitos de sedición y terrorismo.

Por otra parte, Lanchipa explicó que se trabaja de forma coordinada con la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) para establecer la ubicación del domicilio de Morales en Argentina, a fin de ejecutar su aprehensión cuando se emita el sello rojo.

“Tenemos la certeza de donde está (Evo Morales) y el propósito de esta cooperación con la Interpol es para establecer específicamente dónde se encuentra para que, en caso de la notificación con sello rojo, se proceda a su aprehensión”, puntualizó Lanchipa.

La Interpol emite el sello rojo contra las personas que son buscadas por un determinado Estado para su enjuiciamiento o cumplir una condena. La notificación sirve para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de su extradición, entrega o acción judicial.

Sin embargo, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Édgar Montaño rechazó los procesos contra el expresidente y aseguró que son “montados”, pues solo tienen el fin de evitar el regreso de la exautoridad. Además, advirtió que la Justicia está siendo manipulada por el Gobierno.

“No existen delitos que haya cometido, todo es un montaje, lo único que esta demostrado es que hubo un golpe de Estado”, resaltó.

El expresidente tiene cuatro procesos abiertos en la Justicia, por delitos de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo. Además, fue implicado en el caso de presunto fraude electoral, por la manipulación de los resultados en las elecciones generales del 20 de octubre del 2019.