El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, afirmó que la Ley de Excepción impulsada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) por el Movimiento al Socialismo (MAS) busca “desestabilizar al país”. Según explicó en rueda de prensa, la normativa busca “dejar un país en indefensión”.

Las afirmaciones fueron hechas en referencia a la noticia del presunto secuestro de periodistas de la red televisiva Unitel que se habría suscitado esta madrugada en el municipio de Entre Ríos, ubicado en el trópico del departamento de Cochabamba.

Al momento de lamentar y condenar el hecho, Murillo reiteró que el mandato del Gobierno nacional y de la cartera de Estado que dirige es “proteger la vida de los 11 millones de bolivianos”, por lo que denostó la normativa impulsada por el MAS, que cuenta con la mayoría de dos tercios en la ALP.

“Ni se les ocurra a los masistas que porque presenten un proyecto de ley así vamos a decir ‘está bien, hagan lo que quieran’. Nosotros vamos a hacer respetar los derechos de 11 millones de ciudadanos bolivianos”, enfatizó.

Asimismo, al respecto informó que el Gobierno ya trabaja en el tema legal para evitar la posible promulgación de la norma y subrayó el rechazo a la misma por parte de las fuerzas del orden.

“Pueden estar seguros de que ni Policía nacional ni las FFAA se van a prestar a esa payasada”, aseveró.

Ayer, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó el Proyecto de Ley para Regular los Estados de Excepción en el territorio nacional, que servirá para definir las modalidades y acciones del Gobierno durante el tiempo que duren estas medidas. La norma pasó a Diputados para su tratamiento.

“Este proyecto de Ley, básicamente el artículo 139 de la Constitución, nos da la base para regular a los estados de excepción si en algún momento se llegará a presentar, el tema del uso de los agentes químicos, de la represión a la población y cómo deben actuar las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana”, precisó la presidenta del Senado, Eva Copa.

El proyecto normativo especifica que “el estado de excepción es la respuesta a una situación de grave amenaza que pone en peligro real y excepcional los derechos y garantías de la población, la seguridad o el funcionamiento del Estado, que no pueden ser superados con las facultades ordinarias”.

Durante el tiempo que dure la medida de excepción no podrá suspenderse “los derechos a la vida, la integridad personal, políticos, de información, la igualdad y no discriminación, reconocimiento de personería jurídica, prohibición de esclavitud y servidumbre, libertad de conciencia y religión, protección a la familia, al nombre de las niñas, niños y adolescentes, a la nacionalidad, de las personas privadas de libertad, garantías judiciales y acciones de defensa, además del principio de legalidad y retroactividad”.

Asimismo, la norma en específico señala que existen tres casos en los cuales el Gobierno podrá declarar un estado de excepción: por conmoción interna, desastre natural y por peligro para la seguridad del Estado y amenazas externas, en este último no se considera a las movilizaciones sociales o las dificultades financieras como motivo para declarar un estado de excepción.