Denuncia
César Sánchez
30/06/2020 - 12:22

Gestora Pública denuncia penalmente a Luis Arce por la supuesta compra irregular de un software

“El software supuestamente comprado (para el fondo de pensiones) nunca fue entregado. Arce Catacora, en su calidad de exministro y expresidente del directorio de la Gestora, debe responder", aseveró el gerente de la Gestora, Sergio Flores.

Luis Arce, candidato a la presidencia por el MAS y exministro de Economía.

La Gestora Pública de Seguridad Social de Largo Plazo presentó, la mañana de este martes, una denuncia penal en contra de Luis Arce – candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo (MAS) y exministro de Economía- y otros funcionarios del MAS por un supuesto daño económico ocasionado al Estado por la presunta contratación irregular de software que se debió utilizar para la migración de datos de los aportes de los trabajadores en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFPs).

“El software supuestamente comprado (para el fondo de pensiones) nunca fue entregado. Arce Catacora, en su calidad de exministro y expresidente del directorio de la Gestora, debe responder", aseveró el gerente de la Gestora, Sergio Flores, luego de presentar la denuncia.

En específico, son dos los contratos observados. Uno con una empresa panameña y otra con una colombiana. Según explicó Flores, en el caso de la empresa Sysde de Panamá se hizo la contratación por cinco millones de dólares y se pagó 3,8 millones, pero nunca se tuvo el software.

Respecto al segundo contrato, con la empresa Heisohn de Colombia, explicó que el contrato es de 10,4 millones de dólares para una “supuesta compra”, del software, pero en realidad era una clase de alquiler, porque el Estado aún debía pagar 1,6 millones de dólares al año por concepto de licencia y código fuente.

"En uno de los contratos se establece la compra de un software para que se pueda tener toda la base de datos del fondo de pensiones, pero no era una compra sino un pago de alquiler (…) Además de los $us 10.4 millones que significó la supuesta compra de un software para el fondo de pensiones, el Estado debía pagar $us 1.6 millones por concepto de licencia y código fuente", aseveró.

 

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