Ante la emergencia sanitaria, principalmente, en el departamento de Cochabamba, donde se denunció que personas afectadas y  fallecidas por el coronavirus no tienen dónde ser atendidas y enterradas, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, advirtió con intervenir clínicas y hasta cementerios privados.

"Esta mañana, con la Presidenta llegamos a la conclusión de que hoy vamos a comenzar dos procesos: uno de expropiación y otra de intervención en el Hospital Udabol de Santa Cruz y el Hospital Univalle de Cochabamba. (…) No es correcto que los que están asegurados estén yendo a ser atendidos en los hospitales públicos y la gente más humilde, más pobre, que no tiene condiciones de pagar un seguro, se esté quedando afuera", expresó Murillo en conferencia de prensa.

Aseveró que la decisión “no se trata de quitarle nada a nadie”. “Si se expropia será a un precio justo”, afirmó.

Asimismo, reiteró que si el Cementerio General de Cochabamba llega a colapsar se intervendrá los espacios privados para asegurar que los fallecidos puedan ser sepultados.

“En una semana podemos colapsar el cementerio general Cochabamba. En caso de que lleguemos a colapsar, vamos a intervenir cementerios privados”, indicó.

La pasada semana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó a Bolivia a garantizar el acceso a las inhumaciones y atención funeraria, ante el reporte de que los cuerpos de personas que fallecieron por el coronavirus tuvieron que ser dejados en plena vía pública.

“La CIDH expresa su profunda consternación ante reportes de que familias de las personas que han muerto en el contexto COVIDー19, se vieron obligadas a dejar los cuerpos en la vía pública en Cochabamba, debido a las dificultades para su traslado y sepultura” (sic), expresó el organismo internacional a través de su cuenta de Twitter.

En ese sentido, resaltó que el Estado también debe adoptar medidas que permitan la identificación de las personas fallecidas a causa de la enfermedad y la realización de las pruebas correspondientes para su detección.

“La CIDH insta al Estado a garantizar el acceso a las inhumaciones y atención funeraria, adoptando medidas que permitan la identificación de las personas fallecidas, la trazabilidad de los cuerpos, así como eventual realización de pruebas de COVIDー19 a sus familiares” (sic), agregó la CIDH.