Educación
César Sánchez
19/08/2020 - 22:16

Clausura del año escolar: Educación dice que resolución de la Sala Constitucional no es definitiva y acudirá al TCP

La tarde de este miércoles, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, además de revocar la resolución de la clausura del año escolar, también determinó que en un plazo no mayor a 10 días hábiles, el Ministerio de Educación deberá proveer una política pública integral para garantizar por todos los medios el derecho a la educación.

El Ministerio de Educación aseguró este miércoles que la Resolución 105/2020 emanada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que dejó sin efecto la clausura del año escolar, "no es definitiva ni final" porque tiene "contradicciones, ambigüedades y poca claridad".

A través de un comunicado, el Ministerio anunció, en ese sentido, que presentará en las siguientes horas un "recurso complementario de aclaración y enmienda" para que ese fallo sea revisado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “como establece la Constitución y las leyes” para que la resolución que revoca la clausura del año escolar sea “confirmada o revocada".

La tarde de este miércoles, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, además de revocar la resolución de la clausura del año escolar, también determinó que en un plazo no mayor a 10 días hábiles, el Ministerio de Educación deberá proveer una política pública integral para garantizar por todos los medios el derecho a la educación de todos los ciudadanos en edad de escolarización.

Esa decisión judicial fue calificada por el Ministerio de Educación como un “accionar político” ya que, denunció, que el juez tendría estrechos lazos con ex autoridades del Movimiento al Socialismo (MAS), especialmente con el exministro de justicia, Héctor Arce.

Además, el Ministerio también observó que en la audiencia de este miércoles estuvo presente José Antonio Eguino, ex director Jurídico del exministro de Educación, Roberto Aguilar, y actual  abogado de la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, "conocida por su afinidad política con el MAS".

"No queda duda que la determinación es  una acción planificada por operadores políticos afines al MAS que busca dañar y socavar la gestión educativa y poner en mayor riesgo la salud de estudiantes, maestros y padres de familia", refiere el comunicado.

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