La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) eligió a Magdalena Correa Henao para completar el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que llegará a Bolivia para investigar la violación de derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

“Felicito a la profesora Magdalena Correa Henao. Ella fue nombrada como quinto miembro del GIEI de la CIDH, creado para investigar las graves violaciones a los derechos humanos en Bolivia y anunciado para instalarse en la semana siguiente a las elecciones en el país” (sic), dio a conocer Paulo Abrao, exsecretario ejecutivo de la entidad que es parte de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Correa Henao es doctora en Derecho y experta en Derecho Constitucional Económico. Es asesora jurídica para temas constitucionales de entidades del Estado y organizaciones del tercer sector de Colombia. Actualmente es catedrática e investigadora universitaria, directora del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia.

El GIEI de la CIDH está completado, cabe recordar, por Julián Burger, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez y Marlon Weichert.

Tras la firma del Acuerdo entre el Estado boliviano y la CIDH, el GIEI fue anunciado oficialmente el 23 de enero en la sede de la CIDH en Washington D.C., en un evento público que contó con la participación de la Ministra de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, así como de otras autoridades del Estado y de la CIDH.

La GIEI fue creado como un mecanismo para coadyuvar las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones de los derechos humanos en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Según el acuerdo entre el Estado boliviano y la CIDH, el GIEI desarrollará su metodología de trabajo de manera independiente y recurrirá a cualquier fuente de investigación que considere relevante, además de las contrapartes en el Estado, y a las organizaciones de la sociedad civil boliviana. Tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: elaborar planes de investigación de los actos de violencia cometidos contra personas, organizaciones y autoridades en Bolivia, en el curso de las tensiones sociopolíticas, protestas y movilizaciones sociales ocurridas en el país; realizar un análisis técnico de las líneas de investigación desarrolladas, efectuar las recomendaciones a las que haya lugar, y actuar como coadyuvante en las investigaciones, para así asegurar su adecuación, exhaustividad y coherencia con los estándares internacionales de derechos humanos aplicables; proponer la adopción de medidas para garantizar la seguridad de quienes participen en las investigaciones; y realizar un análisis técnico, con recomendaciones si es del caso, de un plan de atención integral a las víctimas de los hechos investigados.

Para el desarrollo de estas labores, y en virtud del acuerdo, el Estado Plurinacional de Bolivia garantizará al GIEI el pleno acceso a los expedientes de las investigaciones y causas penales iniciados con motivo de los hechos, el acceso a la información pública gubernamental relativa a los hechos, y el acceso a las instalaciones, infraestructura, recursos y medios necesarios para cumplir su tarea, así como las medidas de seguridad requeridas para desarrollar su trabajo, todo ello de conformidad con la normatividad boliviana vigente.

El mandato del GIEI será de seis meses a partir de su instalación en el terreno, y podrá extenderse por acuerdo de las partes, por el tiempo que sea necesario para el cumplimiento de su objetivo. El GIEI dará a conocer al Estado Plurinacional de Bolivia los resultados parciales y finales de su gestión, y las recomendaciones que se estimen convenientes, y elaborará un informe público final de su trabajo. La CIDH dará seguimiento a los trabajos y las recomendaciones proporcionadas por el GIEI.