La Defensoría del Pueblo pidió al Ministerio de Educación ser la instancia que defina los límites en el incremento, incluso rebajas, de las pensiones en las unidades educativas privadas. En esa línea, la entidad defensorial pidió también reglamentar el alcance del artículo 100 de la Resolución Ministerial 001/2021 que dispone que todo incremento para la gestión 2021 dependerá de  la  autorización del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y que su inobservancia será sancionada con una multa de acuerdo normativa vigente.

Este planteamiento está incluido en una nota formal remitida por la defensora del Pueblo, Nadia Cruz, al Ministro de Educación, Adrián Quelca, en la que también se observa que las obligaciones contractuales no deben condicionar la inscripción del estudiante, toda vez que, limitaría el acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes.

Cruz pide considerar el difícil momento económico que pasan las familias y tomar en cuenta que la calidad, asequibilidad y acceso a la educación en las unidades educativas privadas, bajo la modalidad a distancia, implicará la inversión de mayores recursos materiales y humanos de madres y padres de familia.

“Consideramos que no debe existir incremento en las pensiones escolares, y por el contrario, las unidades educativas deberían aplicar una disminución de un 20 o hasta un 30% que no implique una afectación al servicio educativo ni al derecho a la educación; tampoco deben incurrir en la firma de documentos o contratos que signifiquen un abuso hacia la economía de las madres y padres de familia; finalmente, que los establecimientos que incurran en estas irregularidades puedan ser pasibles a sanciones con el pago de multas o la otorgación de becas para estudiantes en situación de vulnerabilidad”, manifestó la Defensora.

Esta mañana, el Ministro de Educación ratificó que el inicio de las labores escolares están programadas para el 1 de febrero bajo las modalidades a distancia, semi presenciales y presenciales.