El alcalde electo de La Paz, Iván Arias, saludó que se inicie investigaciones respecto a la presenta corrupción en Entel durante la gestión 2020, cuando él era Ministro de Obras Públicas, pero rechazó las acusaciones en su contra.

 A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Arias afirmó que “aplaude cualquier investigación destinada a esclarecer ese tema", pero afirma que Entel es una sociedad anónima (con capital del Estado) con autonomía de gestión económica, financiera y jurídica, “que al efecto tiene una gerencia general encargada de la administración y también tiene un directorio que realiza tareas de fiscalización”, agrega el comunicado.

“El ministro de Obras Públicas, por tanto, según la norma, no tiene ninguna atribución ni responsabilidad ejecutiva, administrativa o fiscalizadora sobre la gestión de Entel", agrega el texto.

Ayer, el actual ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, denunció que se identificó hechos de corrupción al interior de Entel durante el gobierno de Jeanine Áñez, vinculados al pago de $us 390.000 a una “empresa fantasma” de Perú para la realización de trabajos bajo el rótulo de “confidencial”. Dijo que, tras una auditoría, se logró recabar los respaldos necesarios y ya se presentó la acción legal contra los responsables.

Montaño señaló que se detectó que Carola V. F., quien actualmente ocupa el cargo de Analista de Gerencia de Finanzas, habría autorizado “ilegalmente” el pago hacia una empresa “fantasma”, generando daño económico a Entel y al Estado boliviano.

Remarcó que el hecho se cometió durante la gestión de Iván Arias, quien fungía como Ministro de Obras Públicas, y de Eddy Luis Franco, que desempeñaba el cargo de gerente general en Entel.

“Queremos decir, caiga quien caiga, vamos a seguir en la lucha frontal contra la corrupción y obviamente, que nadie salga a defender a esta gente que se ha embolsillado ilegalmente recursos económicos que pertenecen a cada uno de los bolivianos”, sostuvo.

El Ministro indicó que ya se presentó la denuncia formal, tanto en Bolivia como en Perú, contra las personas vinculadas con este hecho de corrupción.

“Supuestamente ellos (la empresa) tendrían que haber hecho un servicio en los nodos de la fibra óptica que nosotros instalamos desde el océano Pacífico hasta Bolivia y, obviamente, ellos indicaron que era confidencial y que nadie podía hacer auditoría alguna”, explicó.