El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, anunció hoy que el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Departamental de La Paz, inició el procedimiento para lograr la extradición del exministro de Gobierno Arturo Murillo, quien fue arrestado en Estados Unidos por los delitos de soborno y lavado de dinero dentro del caso ‘gases lacrimógenos’, que generí un daño económico de más de 2 millones de dólares al país.

“El Ministerio Público ha iniciado el procedimiento de extradición previsto en nuestra normativa procesal penal”, aseveró Lanchipa en conferencia de prensa.

El Fiscal General, en ese sentido, afirmó que la solicitud de extradición no solo es para Murillo, sino también en los otros involucrados en el caso, como Sergio Rodrigo Méndez Mendizábal, ex jefe de gabinete de Murillo en el Ministerio de Gobierno.

“Va estar en manos de la autoridad jurisdiccional y luego de Cancillería llevar adelante este proceso ante las autoridades internacionales. Esperemos que la cooperación internacional colabore para que esta extradición se haga realidad en el menor tiempo posible”, afirmó.

Asimismo, Lanchipa señaló que también se inició las acciones procesales destinadas a la recuperación y repatriación a favor del Estado boliviano de “todos los activos, dineros y valores generados por los actos ilícitos” provocados por Murillo.

El Fiscal General, además, señaló que el accionar del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el arresto del exministro Murillo demuestra la “legitimidad y legalidad” de las acciones que lleva adelante el Ministerio Público boliviano contra exautoridades de Estado.

Ayer, un informe oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos da cuenta que Arturo Murillo, ex ministro de Gobierno boliviano durante el Gobierno de Jeanine Añez, fue arrestado y es acusado en ese país por los delitos de soborno y lavado de dinero y podría afrontar una pena de hasta 20 años de cárcel.

El documento, en su ingles original, hace referencia al conocido ‘caso gases lacrimógenos’ en Bolivia y confirma el pago de numerosos sobornos a favor de exfuncionarios del Gobierno de Añez para garantizar que la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal por parte de los Ministerio de Gobierno y de Defensa se realicen a través de una empresa intermediara en Estados Unidos  y con un sobreprecio de más de 2 millones de dólares.

Según se supo, la audiencia de Murillo será el próximo 7 de junio y podría tener una sentencia de hasta 20 años de cárcel.