El abogado estadounidense Thomas Becker – conocido por patrocinar a las víctimas de octubre negro en el juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada-, informó este jueves que, de los cinco arrestados en Estados Unidos (EEUU) por el caso de corrupción en la compra de gases lacrimógenos, dos de los implicados pagaron fianza para defenderse en libertad y dos tienen detención preventiva; en tanto que el exministro de facto, Arturo Murillo, se encuentra detenido y a la espera de su audiencia.

“Bryan Berkman pagó $us 500.000 de fianza y Luis Berkman canceló $us 350.000; mientras que Sergio Méndez y Philip Lichtenfeld recibieron la detención preventiva” informó en una entrevista con radio Erbol.

El jurista explicó que, por las pruebas que existen en el expediente, lo más seguro es que Murillo sea sentenciado a prisión, el próximo 7 de junio, aunque no sea por la pena máxima.

Dijo que el caso comenzó por la investigación de un agente del Departamento de Seguridad Nacional, en la que señala a Berkman como el dueño de la empresa intermediaria radicada en EEUU que recibió el contrato de $us 5,6 millones por la provisión de gases lacrimógenos.

“Al cometerse esos delitos en territorio norteamericano, que se constituyen en acciones criminales, las pruebas que lo incriminan son muy contundentes”, aseveró Becker.

Señaló que entre los sindicados de recibir soborno están Murillo, Méndez y un tercero que no es identificado, pero que muy posiblemente sería el exministro de Defensa, Luis Fernando López.

Respecto a la posibilidad de extraditar a Murillo, Becker señaló que Bolivia requiere enviar exhorto suplicatorio, aunque aclaró que es un proceso largo. Explicó que usualmente en EEUU el acusado tendría que cumplir su condena en ese país antes de ser extraditado.          

El abogado estadounidense Thomas Becker – conocido por patrocinar a las víctimas de octubre negro en el juicio contra Gonzalo Sánchez de Lozada-, informó este jueves que, de los cinco arrestados en Estados Unidos (EEUU) por el caso de corrupción en la compra de gases lacrimógenos, dos de los implicados pagaron fianza para defenderse en libertad y dos tienen detención preventiva; en tanto que el exministro de facto, Arturo Murillo, se encuentra detenido y a la espera de su audiencia.

“Bryan Berkman pagó $us 500.000 de fianza y Luis Berkman canceló $us 350.000; mientras que Sergio Méndez y Philip Lichtenfeld recibieron la detención preventiva” informó en una entrevista con radio Erbol.

El jurista explicó que, por las pruebas que existen en el expediente, lo más seguro es que Murillo sea sentenciado a prisión, el próximo 7 de junio, aunque no sea por la pena máxima.

Dijo que el caso comenzó por la investigación de un agente del Departamento de Seguridad Nacional, en la que señala a Berkman como el dueño de la empresa intermediaria radicada en EEUU que recibió el contrato de $us 5,6 millones por la provisión de gases lacrimógenos.

“Al cometerse esos delitos en territorio norteamericano, que se constituyen en acciones criminales, las pruebas que lo incriminan son muy contundentes”, aseveró Becker.

Señaló que entre los sindicados de recibir soborno están Murillo, Méndez y un tercero que no es identificado, pero que muy posiblemente sería el exministro de Defensa, Luis Fernando López.

Respecto a la posibilidad de extraditar a Murillo, Becker señaló que Bolivia requiere enviar exhorto suplicatorio, aunque aclaró que es un proceso largo. Explicó que usualmente en EEUU el acusado tendría que cumplir su condena en ese país antes de ser extraditado.          

Ayer, un informe oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos da cuenta que Arturo Murillo, ex ministro de Gobierno boliviano durante el Gobierno de Jeanine Añez, fue arrestado y es acusado en ese país por los delitos de soborno y lavado de dinero y podría afrontar una pena de hasta 20 años de cárcel.

El documento, en su ingles original, hace referencia al conocido ‘caso gases lacrimógenos’ en Bolivia y confirma el pago de numerosos sobornos a favor de exfuncionarios del Gobierno de Añez para garantizar que la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal por parte de los Ministerio de Gobierno y de Defensa se realicen a través de una empresa intermediara en Estados Unidos  y con un sobreprecio de más de 2 millones de dólares.

Según se supo, la audiencia de Murillo será el próximo 7 de junio y podría tener una sentencia de hasta 20 años de cárcel.