El Ministerio de Justicia afirmó hoy que son tres los decretos emitidos por el Gobierno de Añez para la adquisición de gases lacrimógenos y equipo no letal, compras, afirma, hechas con “coimas y sobreprecio”.

Según los datos proporcionados por el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el 29 de noviembre de 2019, Áñez y su gabinete firmaron el Decreto Supremo 4090 que autorizó al ‪Ministerio de Defensa la “adquisición excepcional” de gases antidisturbios o antimotín para la ‪Policía Boliviana.

“Se autoriza de manera excepcional al Ministerio de Defensa realizar la adquisición excepcional de materiales relacionados a municiones para la Policía Boliviana en el marco del Artículo 32 de la Ley Nº 400, de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, de 18 de septiembre de 2013”, se lee en el Artículo 2 de la norma.

A eso, se suma otro documento: el Decreto Supremo 4116 del 12 de diciembre de 2019. Áñez y sus ministros firmaron y promulgaron esta norma que abroga el Decreto Supremo 4090 y autoriza al Ministerio de Defensa la “contratación directa en el extranjero” para adquirir gases lacrimógenos.

“Se autoriza al Ministerio de Defensa la contratación directa en el extranjero, de material bélico, bienes de uso militar y otros materiales relacionados, por seguridad y defensa del Estado”, se lee en el Artículo 2.

Dos meses después, el 27 de febrero de 2020, Áñez y su gabinete reasignaron al ‪Ministerio de Gobierno un monto de Bs 40.068.000 mediante el Decreto Supremo 4168 que se transfirieron al ‪Ministerio de Defensa para adquirir agentes antidisturbios.

“El presente Decreto Supremo tiene por objeto autorizar la reasignación de recursos del Tesoro General de la Nación - TGN a través del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas al Ministerio de Gobierno”, se lee en el Artículo 1 de dicha norma.

“Los pagos con coimas y sobreprecio se realizaron desde marzo hasta abril de 2020”, indica el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en una publicación difundida esta jornada a través de sus redes sociales.

Ayer, un informe oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos da cuenta que Arturo Murillo, ex ministro de Gobierno boliviano durante el Gobierno de Jeanine Añez, fue arrestado y es acusado en ese país por los delitos de soborno y lavado de dinero y podría afrontar una pena de hasta 20 años de cárcel.

El documento, en su ingles original, hace referencia al conocido ‘caso gases lacrimógenos’ en Bolivia y confirma el pago de numerosos sobornos a favor de exfuncionarios del Gobierno de Añez para garantizar que la compra de gases lacrimógenos y armamento no letal por parte de los Ministerio de Gobierno y de Defensa se realicen a través de una empresa intermediara en Estados Unidos  y con un sobreprecio de más de 2 millones de dólares.

Según se supo, la audiencia de Murillo será el próximo 7 de junio y podría tener una sentencia de hasta 20 años de cárcel.