Avanza el proceso para que dé inicio a los juicios de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Añez.

El Ministerio de Justicia informó hoy que la Fiscalía General del Estado presentó una solicitud al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que esa instancia remita la solicitud de inicio de juicios de responsabilidades a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“La Fiscalía General del Estado  presentó solicitud de juicios de responsabilidades contra Jeanine Añez al Tribunal Supremo de Justicia para que esta instancia remita los casos a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, informó el Ministerio de Justicia a través de un mensaje compartido en sus cuentas oficiales en las redes sociales.

El pasado mes de marzo, el ministro de Justicia, Iván Lima, presentó cuatro proposiciones acusatorias de juicios de responsabilidades en contra de Jeanine Áñez y varias exautoridades de su Gobierno por los siguientes casos: Préstamo inconstitucional del FMI, Violación de la libertad de expresión en la cuarentena, Violación de DDHH de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile y por la concesión irregular del servicio de Registro Público y Comercio a Fundempresa. 

Según información extraoficial, la Fiscalía General presentó tres de los cuatro requerimientos acusatorios. Habría rechazado la denuncia por el tema de los bolivianos en la frontera con Chile por insuficiencia de argumentos.

Los cuatro casos

El primer caso se refiere al “Préstamo inconstitucional del FMI” y la proposición fue presentada en contra de Jeanine Áñez, del exministro de Economía, José Luis Parada Rivera, y del expresidente del Banco Central de Bolivia, Guillermo Aponte Reyes Ortiz.

Las acusaciones son por los presuntos delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, conducta antieconómica e incumplimiento de deberes.

Áñez, Parada y Aponte fueron acusados debido a que, presuntamente de manera ilegal y sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a través del Decreto Supremo 4277 del 26 de junio de 2020, dispusieron la transferencia de recursos a través del IFR, para hacer efectivo el crédito de Bs 2.244.356.358,48 ante el FMI. Ese proceso generó, desde el mes de abril, un daño patrimonial al Estado por cobro de intereses cuyo monto final asumido ascendió a $us 24,3 millones, indica un reporte del Ministerio de Justicia.

Respecto al caso “Violación de la libertad de expresión en la cuarentena”, la acusación es contra Jeanine Áñez por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, delitos contra la libertad de prensa, y atentados contra la libertad de trabajo.

Esta acusación es por la vulneración al derecho de libertad de expresión cuando Áñez puso en vigencia el Decreto Supremo 4200. Con esa norma, según la denuncia, utilizó la pandemia por coronavirus como pretexto para penalizar la disidencia y otras libertades y derechos de centenares de personas.

Esa norma presidencial criminalizaba las acciones de “los individuos que informen mal o causen incertidumbre a la población” para someterlos a “cargos penales por delitos contra la salud pública”.

la tercera acusación es por la concesión irregular del servicio de Registro Público y Comercio a Fundempresa para registro mercantil por 15 años.

Finalmente, el caso denominado “Violación de DDHH de ciudadanos bolivianos en la frontera con Chile” había sido presentado contra Áñez por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, y discriminación. Este caso se refiere a los bolivianos que durante semanas fueron impedidos de retornar al país y permanecieron en condiciones inhumanas en la frontera con Chile, en medio de la primera ola de la pandemia.