El ministro de Justicia, Iván lima, reiteró hoy que Carlos Mesa- expresidente del Estado y actual líder de la alianza opositora de Comunidad Ciudadana- rechazo la amnistía que se le pretendía otorgar el 2018 y, por eso, ahora puede y debe ser juzgado por el sonado ‘caso Quiborax’.

  “Nadie decide cuándo va a un juicio según su conveniencia. Mesa y Tuto Quiroga recibieron una amnistía de Evo Morales. Mesa la rechazó por un cálculo político. La amnistía tenía un plazo de 365 días para que use ese derecho, (Jorge) 'Tuto' Quiroga lo ha usado, se ha acogido a la amnistía, (...) Mesa no lo hizo, por lo tanto, debe ir a juicio por el caso Quiborax”, aseveró Lima en entrevista con La Razón.

El 2018, el entonces presidente Evo Morales había decidido conceder amnistía a los exmandatarios Jorge Tuto Quiroga y Carlos de Mesa. La decisión fue asumida poco antes de que la Corte de la Haya diera su sentencia sobre la demanda marítima, anticipando que las exautortidades asumirían nuevas funciones en la etapa post fallo de La CIJ.

No obstante, Mesa expresó su rechazo público a acogerse a la amnistía pues señaló que sería igual a aceptar su responsabilidad.

En ese sentido, el pasado miércoles la Comisión Mixta de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado aprobó el juicio de responsabilidades contra Carlos Mesa por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica por el caso Quiborax.  Ahora, el trámite debe ser aprobado por 2/3 del pleno de la Asamblea Leguslativa.

Un día después, Mesa señaló que su rechazo a la amnistía fue solo “testimonial” y no tiene validez para justificar que no se aplique el decreto que le otorgaba el 'perdón' por ese caso. Para el líder de CC, el ya fue beneficiado con la amnistía, por lo que no puede ser juzgado por el caso.

Al respecto, Lima reprochó que Mesa busque un “manto de impunidad” y calificó como un “exabrupto y exceso” que Mesa haya declarado que no puede ir a un juicio de responsabilidades.

“Estamos viendo la clase de político que es Carlos Mesa, alguien que usa la política para encubrir sus acciones. Se siente superior a los 12 millones de bolivianos y no quiere rendir cuentas ante la justicia. La justicia es para todos", aseveró el Ministro.

El caso tiene relación con el pago de 42,6 millones de dólares que el Estado tuvo que pagar por la indemnización a la transnacional Quiborax, como efecto de un arbitraje ventilado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), por la reversión de sus concesiones mineras de ulexita en el Salar de Uyuni.

Según la acusación, un decreto firmado por Carlos Mesa, presidente del país entre 2003 y 2005,  no se ajustó a procedimientos legales, lo que permitió que Quiborax reclame un pago por sus concesiones.