El Gobierno nacional,  a través del ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó hoy que responderá a la solicitud de la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) sobre la situación de la expresidenta Jeanine Añez, quien se encuentra detenida preventivamente acusada por los delitos de conspiración, terrorismo y sedición por el presunto golpe de Estado del 2019.

“En este caso tenemos siete días otorgados por la Comisión y se va a presentar la respuesta inclusive antes del plazo señalado porque (en el caso de Áñez) se ha respetado el debido proceso y se ha cumplido el estándar máximo de protección que señala la CIDH para resguardar la vida y la salud de una persona privada de libertad”, dijo Lima en una entrevista con La Razón.

En ese sentido recordó que cuando se trata de materia internacional, la respuesta debe presentar la Procuraduría en coordinación con la Cancillería. Pero, “cuando se requiere información, argumentos jurídicos o una interpretación legal, siempre los equipos del Ministerio (de Justicia) están (…) para apoyar a todas las demás instancias del Estado”, agregó.

El pasado miércoles 1 de septiembre, la CIDH notificó al Estado boliviano respecto al pedido de medidas cautelares solicitado por Juan Carlos Gutiérrez a favor de la expresidenta Jeanine Añez y su hija Carolina Ribera.

En una misiva enviada al canciller del Estado, Rogelio Mayta, la CIDH señala que el pedido de medidas cautelares a favor de Añez se justificaría en el hecho de que la exmandataria presenta padecimientos físicos y mentales que no estarían siendo atendidos y además  en el hecho de que supuestamente su vida correría riesgo al estar detenida preventivamente.

 “De conformidad con el artículo 25(5) del Reglamento de la CIDH, y sin prejuzgar sobre el posible otorgamiento de medidas cautelares, cumplo con solicitar a su excelencia tenga a bien enviar a esta secretaría, en un plazo de siete días, contados a partir de la recepción de este comunicado, la información que considere oportuna sobre la situación a que se refiere el peticionario”, señala parte de la misiva firmada por Mario López-Garelli, perteneciente a la CIDH.

Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la CIDH para solicitar a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.

Según el mismo documento, la CIDH pide al Estado que pueda responder puntos como las observaciones que se tenga a la solicitud de medidas cautelares; aportar información sobre las condiciones de salud, tanto física como mental de la propuesta beneficiaria (Añez), y su acceso a atención médica, tanto dentro del penal como aquella especialidad que podría requerir fuera del mismo.

La CIDH solicitó además que se pueda informar sobre las medidas que el Estado habría implementado para proteger los derechos de la propuesta beneficiaria. De ser el caso, aportar la documentación sobre aquellas ordenes administrativas o judiciales que se habrían aportado. Se requirió también información sobre las condiciones de detención actuales de la expresidenta.

Al respecto, Lima aseguró que se tomaron los cuidados necesarios en el caso de Áñez y no cree que su requerimiento tenga un resultado favorable a sus objetivos.

“Si haces un análisis de todos los casos que atiende la Comisión Interamericana es poco probable que este caso pueda tener resultado favorable a la señora Áñez, porque los temas del debido proceso no son parte de los casos que atienda; usualmente ellos atienden casos de pena de muerte, casos en los cuales la vida de una persona está en riesgo (…) y no cuando existe un debido proceso en curso”, remarcó.