Comunicado
César Sánchez
10/10/2021 - 14:53

La Defensoría recuerda a alcaldes y gobernadores que son servidores públicos y no pueden afectar la atención a la población

"Acatar una medida extrema como un paro es incumplir la obligación que tienen como servidores públicos afectando a ese mismo Estado que administran", afirmó la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado.

La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, expresó su preocupación por el anuncio de algunos alcaldes municipales y gobernadores departamentales de acatar el paro convocado para este 11 de octubre, con la suspensión de actividades, y advirtió que dichas acciones se constituirán en una vulneración de los derechos de la población que acude a estas instancias para recibir atención en sus demandas.

“La protesta y la libertad de expresión están previstos y protegidos por la Constitución Política del Estado, derechos que en tanto no sean impuestos son propios de la ciudadanía, pero no así de las instituciones públicas, cuyas máximas autoridades ejecutivas, municipales y departamentales son parte del Estado, y como tal, acatar una medida extrema como un paro es incumplir la obligación que tienen como servidores públicos afectando a ese mismo Estado que administran, lo cual es ingresar a una contradicción; por responsabilidad, estas autoridades deben buscar los mecanismos constitucionales y legales para plantear sus demandas y necesidades”, señaló la Defensoría.

La institución defensorial, en ese sentido, afirmó que se reconoce el ejercicio de la protesta y la movilización, y que la ciudadanía puede manifestarse; no obstante, pidió que antes de llegar a esos extremos se agoten los mecanismos institucionales y legales para dar solución a sus demandas. En esa línea, la Defensoría exhortó al Estado buscar espacios de diálogo para evitar situaciones de confrontación y a respetar la institucionalidad de la administración pública que esta para servir a la población.

Buscar o priorizar otro tipo de medidas que no se enmarquen en lo legal, como las que anunciaron para este 11 de octubre, advierte la Defensoría, no solo refleja la instrumentalización política de las instituciones municipales y departamentales, también atentan contra la institucionalidad de la administración pública promoviendo el incumplimiento de la obligación internacional que señala el deber de garantizar el ejercicio de los derechos humanos.

“Tal como se señala en nuestro informe “Crisis de Estado”  y como lo indicó la CIDH, cualquier salida a la crisis sociopolítica debe priorizar el respeto a los derechos de la persona humana y a la institucionalidad democrática, sobre los que se erige el Estado de Derecho, y que la transición hacia la paz debe darse por las vías constitucionalmente previstas”, añade el comunicado.

En ese sentido, la Defensoría anunció que durante la jornada de este lunes reforzará su línea gratuita 800-10-8004 y la disponibilidad de sus 18 oficinas a nivel nacional,  “para atender posibles afectaciones a los derechos de la ciudadanía que acuda a los servicios de los gobiernos municipales y departamentales, instancias contra las que ya existen  denuncias registradas en la institución defensorial”.

Finalmente, “frente a la politización que hoy está presente en el país, la Defensoría del Pueblo  llama a los sectores involucrados en el paro de este lunes a ejercer su derecho a la protesta respetando el derecho a la libre circulación de la población que no es participe de sus movilizaciones, que solo busca desarrollar sus actividades con normalidad para satisfacer sus propias necesidades; y a respetar las disidencias del lado que vengan; en ese marco,  pide a la Policía Boliviana mantenerse alerta frente a posibles episodios de conflictividad y que su accionar se enmarque en el respeto de los derechos humanos y en el uso proporcional permitido de la fuerza”.

Marcha
Ante “posibles amenazas”, el Gobierno garantiza seguridad de familiares y víctimas de las masacres de 2019
25/10/2021 - 10:00

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, dio a conocer de reportes que advierten de sectores que intentan generar convulsión en el país, por lo que se tomaron acciones preventivas.

El Gobierno nacional garantizó este lunes la seguridad para los familiares y víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba que tienen planificado continuar su marcha hasta la ciudad de La Paz en demanda de justicia.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, dio a conocer de reportes que advierten de sectores que intentan generar convulsión en el país, por lo que se tomaron acciones preventivas.

“Los reportes de inteligencia nos dicen que estos grupos constantemente continúan desestabilizando la democracia en nuestro país. Desconocer estas demandas, en este caso, la principal (pedido de justicia) consideramos que es legítima y nos unimos a la misma, por lo cual se ha dispuesto que la Policía Boliviana, los efectivos de la institución del orden, se encarguen de precautelar la seguridad”, indicó en entrevista con el canal estatal Bolivia TV.

La movilización llegó el domingo por la tarde a la ciudad de El Alto, luego de recorrer por siete días una distancia de 190 kilómetros desde Caracollo, Oruro. Los marchistas fueron recibidos por vecinos y el Gobierno proveyó ayuda humanitaria, además de atención en salud.

“Compartimos al unísono, creo que todos los bolivianos y bolivianas, respecto al pedido de justicia que es el pedido especial que tienen por las masacres de Sacaba y Senkata”, dijo la autoridad gubernamental.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó en agosto los resultados de las investigaciones sobre hechos violencia ocurridos en 2019.

El documento concluye que el 15 de noviembre de 2019 en Sacaba, Cochabamba, y el 19 de noviembre de 2019 en Senkata, El Alto, existió, durante el Gobierno de Áñez, vulneración a los derechos humanos, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones sumarias.

//César Sánchez
Defensa
Evo convoca a defender el gobierno de Arce y Choquehuanca
25/10/2021 - 09:20

Morales adelantó que junto a las organizaciones sociales del país se trabaja en una estrategia para lanzar una segunda revolución democrática y cultural.

Ante lo que considera son intentos de la derecha de convulsionar el país, el presidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, convocó ayer a las organizaciones sociales y a la población del país a defender al gobierno constitucional de Luis Arce y David Choquehuanca.

A su retorno de México, el expresidente de los bolivianos expresó su preocupación por el ataque a la revolución democrática cultural por la oposición a través de la violencia y la desinformación en un afán de convulsionar para la toma del poder a través de la ruptura del orden constitucional, como en 2019.

“La derecha intentará (tomar el poder). ¿Para qué quiere la derecha estar en función de gobierno, vía golpe o vía elecciones? Así como el año pasado robaron, tanto robaron, para eso quiere volver la derecha. A la derecha no le interesa el desarrollo económico del país”, sostuvo.

En ese contexto, Morales adelantó que junto a las organizaciones sociales del país se trabaja en una estrategia para lanzar una segunda revolución democrática y cultural, para consolidar los derechos colectivos con justicia social e impedir que se repitan golpes de Estado como el ocurrido en 2019, cuando la oposición tomó el poder por la fuerza para asaltar el país, paralizar la industria y privatizar los recursos naturales.

“Los pueblos luchamos por la paz con justicia social, para construir una Patria Grande con dignidad e identidad (…) La derecha busca privatizar los recursos naturales y paralizar la industria, porque son vendepatrias”, precisó.

// Periódico Ahora el Pueblo

 

//César Sánchez

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