La Defensoría del Pueblo, a través de un comunicado, expresó su preocupación por el anuncio de algunos alcaldes municipales y gobernadores departamentales de acatar el paro convocado para este 11 de octubre, con la suspensión de actividades, y advirtió que dichas acciones se constituirán en una vulneración de los derechos de la población que acude a estas instancias para recibir atención en sus demandas.

“La protesta y la libertad de expresión están previstos y protegidos por la Constitución Política del Estado, derechos que en tanto no sean impuestos son propios de la ciudadanía, pero no así de las instituciones públicas, cuyas máximas autoridades ejecutivas, municipales y departamentales son parte del Estado, y como tal, acatar una medida extrema como un paro es incumplir la obligación que tienen como servidores públicos afectando a ese mismo Estado que administran, lo cual es ingresar a una contradicción; por responsabilidad, estas autoridades deben buscar los mecanismos constitucionales y legales para plantear sus demandas y necesidades”, señaló la Defensoría.

La institución defensorial, en ese sentido, afirmó que se reconoce el ejercicio de la protesta y la movilización, y que la ciudadanía puede manifestarse; no obstante, pidió que antes de llegar a esos extremos se agoten los mecanismos institucionales y legales para dar solución a sus demandas. En esa línea, la Defensoría exhortó al Estado buscar espacios de diálogo para evitar situaciones de confrontación y a respetar la institucionalidad de la administración pública que esta para servir a la población.

Buscar o priorizar otro tipo de medidas que no se enmarquen en lo legal, como las que anunciaron para este 11 de octubre, advierte la Defensoría, no solo refleja la instrumentalización política de las instituciones municipales y departamentales, también atentan contra la institucionalidad de la administración pública promoviendo el incumplimiento de la obligación internacional que señala el deber de garantizar el ejercicio de los derechos humanos.

“Tal como se señala en nuestro informe “Crisis de Estado”  y como lo indicó la CIDH, cualquier salida a la crisis sociopolítica debe priorizar el respeto a los derechos de la persona humana y a la institucionalidad democrática, sobre los que se erige el Estado de Derecho, y que la transición hacia la paz debe darse por las vías constitucionalmente previstas”, añade el comunicado.

En ese sentido, la Defensoría anunció que durante la jornada de este lunes reforzará su línea gratuita 800-10-8004 y la disponibilidad de sus 18 oficinas a nivel nacional,  “para atender posibles afectaciones a los derechos de la ciudadanía que acuda a los servicios de los gobiernos municipales y departamentales, instancias contra las que ya existen  denuncias registradas en la institución defensorial”.

Finalmente, “frente a la politización que hoy está presente en el país, la Defensoría del Pueblo  llama a los sectores involucrados en el paro de este lunes a ejercer su derecho a la protesta respetando el derecho a la libre circulación de la población que no es participe de sus movilizaciones, que solo busca desarrollar sus actividades con normalidad para satisfacer sus propias necesidades; y a respetar las disidencias del lado que vengan; en ese marco,  pide a la Policía Boliviana mantenerse alerta frente a posibles episodios de conflictividad y que su accionar se enmarque en el respeto de los derechos humanos y en el uso proporcional permitido de la fuerza”.