El Comité Contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó en las últimas horas su cuestionamiento respecto a los juicios instaurados en Bolivia por los delitos de sedición y terrorismo; no obstante, también observó el accionar de la exmandatarfia Jeanine Añez, sobre todo respecto a deslindar a los militares de la responsabilidad penal por la represión contra bolivianos en noviembre de 2019.

Por un lado, el relator del Comité Contra la Tortura (CAT por sus siglas en inglés), Chairperson Heller, expresó ayer, jueves, su preocupación por las acusaciones de sedición y terrorismo en el país, como el que afronta la expresidenta Jeanine Áñez en el caso 'Golpe I'.  Dijo que estos tipos penales en la legislación boliviana son “vagos y abstractos” y “no se adecuan al principio de la legalidad”. 

Eso sí, expresó su preocupación porque las figuras de sedición y terrorismo fueron usados tanto por el Gobierno transitorio de Añez como el actual de Luis Arce.

“Llama la atención que los mismos cargos de terrorismo y de sedición hayan sido levantados en contra de la expresidenta Jeanine Añez, una vez que asumió el gobierno el presidente Luis Arce”, afirmó.

La instrumentalización política del sistema de Justicia, dijo Heller, vulneró su independencia, y la injerencia política se tradujo en “procesos abusivos en el uso de imputaciones infundadas o desproporcionadas, en detenciones arbitrarias de líderes políticos”.

Al respecto, el viceministro de Justicia, César Siles, afirmó que actualmente Añez no está detenida preventivamente por los delitos de terrorismo ni sedición, sino por el caso ‘Golpe II’.

“Actualmente la señora Jeanine Añez no está siendo detenida preventivamente por ambos delitos (terrorismo y sedición),  al contrario su actual acusación, pronto juicio oral que vamos a presentar por el caso denominado ‘golpe II’ es por los delitos de corrupción de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y el delito de incumplimiento de deberes”, afirmó.

Observación al actuar de Añez

Por otro lado, el Comité Contra la Tortura también observó que en Bolivia el Gobierno de Jeanine Áñez usara un Decreto Supremo para deslindar a militares de responsabilidad penal en la represión contra bolivianos.

“En 2019, Áñez dictó un Decreto Supremo, 4078, que otorgó facultades discrecionales a las fuerzas militares para recurrir a la fuerza contra los manifestantes en sus labores de mantenimiento del orden público, pero eximiendo a los militares de cualquier responsabilidad penal”, aseguró Heller Rouassant.

El Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019 permitió la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Boliviana ante movilizaciones que se generaron por la crisis poselectoral. La norma establecía que los militares que participen en operativos estarán exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas.

“En ese periodo se registraron vulneraciones a los derechos a la vida y a la seguridad de las personas”, indicó Heller en referencia a las masacres de Senkata y Sacaba.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) presentó el 17 de agosto los resultados de las investigaciones sobre los hechos de violencia ocurridos en 2019.

El documento confirma que el 15 de noviembre de 2019 en Sacaba y el 19 de noviembre de 2019 en Senkata existió vulneración a los derechos humanos, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones sumarias.

El Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales informó este viernes que el tema del Decreto Supremo 4078 fue tratado en la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra.

La autoridad presenta en ese país el tercer informe periódico de Bolivia en virtud del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas.

“Informamos que el Decreto Supremo 4078, denominado ‘Decreto de la Muerte’, definitivamente es un decreto inconstitucional, es un decreto que está siendo procesado en las masacres de Sacaba y Senkata y en la proposición acusatoria presentada contra Jeanine Áñez”, aseveró en entrevista con Bolivia TV.

El Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), es el órgano compuesto por 10 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por sus Estados Partes.