Tras aprobar seis de los siete créditos enviados por el Gobierno – y habiendo aplazado el debate del último-, la Cámara de Diputados – que sesiona por tiempo y materia- inició el debate sobre las leyes antiprórroga, iniciando con el proyecto 073 referido a la suspensión de plazos procesales.

Desde que se reanudó la sesión de Diputados, la noche del jueves, tras dos días de un cuarto intermedio forzado por la violencia física y verbal entre legisladores y la “toma” de la testera por parte de la oposición, la Cámara Baja aprobó cinco créditos:

• Proyecto de Ley N° 255/2023-2024 "Que aprueba el contrato de préstamo BOL-37/2023 para el Proyecto Construcción con Pavimento Camino Faja Norte (Yapacani), suscrito el 7 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero Para el Desarrollo de la Cuenca del Plata - FONPLATA, por un monto de hasta $us56.050.000.- (Cincuenta y seis millones cincuenta mil 00/100.- dólares estadounidenses).
• Proyecto de Ley 156/2023-2024 que aprueba el convenio de préstamo No. BV-C3 para el Programa ‘Apoyo de emergencia para respuesta a COVID-19’, suscrito el 30 de marzo de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón – JICA, por un monto de hasta ¥ 15.000.000.000.- (Quince mil millones 00/100 yenes japoneses).
• Proyecto de Ley N° 254/2023-2024 "Que aprueba el Contrato de Préstamo Nos. 5801/OC-BOY 5802/KI-BO para el Programa de Electrificación Rural III, suscrito el 6 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo BID, por un monto de hasta $us200.000.000.- (Doscientos millones 00/100 Dólares Estadounidenses); y el Convenio de Préstamo 9611-BO para el Proyecto Mejora del Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia IDTR III, suscrito el 7 de diciembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF del Banco Mundial - BM, por un monto de hasta $us125.000.000.- (Ciento veinticinco millones 00/100 Dólares Estadounidenses)".
• Proyecto de Ley 145/2023-2024 “Que aprueba el Contrato de Préstamo BOL-36/2023 para el Proyecto Mejoramiento y Ampliación a 8 Carriles Carretera La Paz – Oruro, Tramo Senkata – Apacheta, suscrito el 22 de septiembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata – FONPLATA, por un monto de hasta $us67.246.082,37 (Cincuenta y siete millones doscientos cuarenta y seis mil ochenta y dos 37/100.- dólares estadounidenses)”.
• Proyecto de Ley N° 189/ 2023-2024 “Que aprueba el Contrato de Préstamo N° 5808/OC-BO para el “Programa de ampliación de la red de Mi Teleférico para una movilidad eléctrica sostenible e inclusiva para La Paz; Suscrito el 24 de noviembre de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, por un monto de hasta $us 62.000.000,00.- (Sesenta y dos millones 00/100 dólares estadounidenses).

A los cinco, se suma el aprobado en Sesión la pasada semana:

• Proyecto de Ley N°079/ 2023-2024 “Que aprueba la adenda N° 1 al Contrato de Préstamo CFA 9545, para financiar el “Proyecto Construcción de la Doble Vía Caracollo - Colomi: tramo 2B Confital – Bombeo”, suscrita el 28 de julio de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y la Corporación Andina de Fomento – CAF, que modifica el monto del contrato de préstamo CFA 9545 hasta $us 176.000.000.- (Ciento setenta y seis millones 00/100 dólares estadounidenses)

Entretanto, el último proyecto de crédito fue aplazado para recolectar mayor información sobre su tratamiento, puesto que ya había sido aprobado en grande por la anterior directiva:

• Proyecto de Ley N° 268/2022-2023 “Que aprueba en Contrato de Préstamo N°5705/OC-BO para el ‘Programa de Apoyo a la Preinversión para el Desarrollo II’, suscrito el 24 de enero de 2023, entre el Estado Plurinacional de Bolivia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, por un monto de hasta $us52.000.000,00.- (Cincuenta y dos millones 00/100 dólares estadounidenses)”. (Tratamiento en Detalle).

Tras el aplazamiento de la última norma crediticia, la Cámara de Diputados inició el tratamiento de los proyectos de ley contra la prórroga de mandato de los magistrados.

Los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, cabe recordar, cumplían su mandato el 2 de enero; sin embargo, el propio TCP dispuso que se mantengan en sus cargos hasta la realización de las elecciones judiciales.

Así, las leyes antiprórroga que se analizarán en Diputados, y ya fueron aprobadas en el Senado, son:

El proyecto de Ley 075 restituye “la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III, y 200 de la Constitución Política del Estado" y consta de dos artículos.

El primero establece, en la “Nulidad de Pleno Derecho”, que “se deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, de fecha 11 de diciembre de 2023”; y el segundo establece que “los Magistrados y Consejeros del TCP, TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura cesarán sus funciones el 2 de enero de 2024”.

En cambio, el Proyecto de Ley 073 establece la Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, como “una medida vital para el funcionamiento ininterrumpido del sistema judicial”.

La norma tiene como objetivo principal la suspensión de plazos procesales en todas las materias, a partir del 2 de enero de 2024, garantizando así la continuidad del trabajo en el sistema judicial hasta la posesión de las nuevas autoridades, elegidas mediante voto popular.

El proyecto de ley proporciona atribuciones específicas a los Tribunales Departamentales de Justicia, la Dirección Administrativa-Financiera y Unidades de enlace administrativo para asegurar la operatividad continua del Órgano Judicial a partir del 2 de enero.

“El Órgano Judicial continuará ejerciendo sus competencias y atribuciones en cumplimiento al mandato constitucional y del ordenamiento jurídico en actual vigencia por intermedio de la administración jurisdiccional ejercida mediante los Tribunales Departamentales de Justicia en todas sus salas incluidas las constitucionales, Juzgados, Tribunales de Sentencia, y Juzgados Agroambientales…”, señala la norma en el parágrafo I del artículo 2.

Otro aspecto fundamental de esta iniciativa es la gestión de los casos pendientes durante este período de transición. Según la disposición aprobada, los secretarios generales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental, Consejo Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional tendrán la responsabilidad de recibir y custodiar los casos pendientes en cada una de las instancias judiciales involucradas.