Al igual que lo hiciera el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, el fin de semana, este martes el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, sugirió que los jueces del Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz puedan trasladarse a La Paz para llevar adelante la audiencia por el llamado caso 'Decretazo' contra Fernando Camacho, quien cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro, de manera presencial.

En contacto con Erbol, Aguilera también señaló que hay otras posibilidades para llevar adelante la audiencia, como por ejemplo el hacer el proceso por la vía virtual.

“Hay una serie de alternativas como el traslado de los señores jueces (de Santa Cruz a La Paz) para que podamos cumplir con el principio de inmediación, pero es más y ya la tecnología y la propia pandemia nos ha permitido efectuar, yo diría audiencias, de carácter virtual”, sugirió.

Advirtió, asimismo, que un eventual traslado podría ocasionar una posible “convulsión social” que podría afectar el normal desarrollo de las actividades en esa región del país.

El Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz determinó que la audiencia por el caso decretazo se desarrolle de manera presencial, para lo que el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, debe ser trasladado del penal de Chonchocoro hasta Santa Cruz,

En primer instancia la audiencia debí ser el 11 de marzo, pero ante la imposibilidad de que Camacho sea llevado a Santa Cruz, se postergó hasta el 11 de abril.

El fin de semana, el Ministro de Gobierno recalcó que no hay garantías ni condiciones para el traslado de Camacho a suelo cruceño y esa posición fue ratificada por la Policía y la Dirección de Régimen Penitenciario. “Ellos han presentado los informes correspondientes a los administradores de justicia de Santa Cruz”, dijo.

En ese sentido, Del Castillo aseveró que si el juzgado insiste en que la audiencia sea de manera presencial se dará “todas las garantías” para que se desarrolle en el Penal de Chonchocoro, donde Camacho cumple detención preventiva.

Caso “Decretazo”

Luis Fernando Camacho es investigado por la emisión del Decreto 373 en marzo de 2022, cuando viajó a Brasil.

En dicho decreto delegaba sus funciones a su hombre de confianza, el entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Navarro, relegando de esas tareas al entonces vicegobernador Mario Aguilera, y vulnerando el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.

Fue hasta octubre de 2023, que la Fiscalía presentó su acusación formal en contra de Camacho por la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, tipificado en el artículo 153 del Código Penal.

En la actualidad, Camacho tiene detención preventiva en el penal de Chonchocoro, en el municipio de Viacha del departamento de La Paz, por el denominado “caso Golpe de Estado I”, proceso activado por la exdiputada Lidia Patty, por la crisis y los hechos que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales.