Según la denuncia, la emoresa ATGen, de Uruguay, pedía 22,8 millones de bolivianos por 672.000 pruebas de Covid-19, el Estado adjudicó el contrato a la empresa Lasa Holding por 47,3 millones de bolivianos.
La AISEM compró pruebas para Covid-19 a una empresa china por el monto de 47,3 millones de bolivianos; cuando una uruguaya las ofrecía a 22,8 millones. La empresa estatal justificó que la segunda empresa no tenía los certificados de calidad.
La Corte IDH convocó a participar en la sesión a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y a las instituciones y personas que presentaron observaciones.
"Hoy día nos reportan que un 60% de los caminos ya están siendo despejados y yo espero que hasta mañana en la noche o el domingo el 90% de las rutas ya este despejado, y el lunes el 100%", aseguró el Ministro de Gobierno.
La Cámara Nacional de Industrias señaló que la tasa de crecimiento del PIB industrial descendió a -6,9% cuando a diciembre de 2019 registró un crecimiento de 3,19%, “un descenso de más de 10 puntos porcentuales que marca la más profunda crisis de los últimos 40 años".
En La Paz, la pandemia se aproxima al punto más alto de contagios que, según cálculos de autoridades de salud, podría llegar para la primera semana de septiembre.
“En el marco de la decisión de la Central Obrera Boliviana y del Pacto de Unidad, como Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, también decretamos un cuarto intermedio en el bloqueo de caminos y nos declaramos en emergencia y permanente vigilia hasta el 18 de octubre”, informó el vicepresidente de las Seis Federaciones, Andrónico Rodríguez.
El cabildo determinó exigir la inmediata aprobación y promulgación de la llamada “Ley de arraigo”, que busca impedir que autoridades salientes abandonen el país en un lapso de tres meses después de dejar sus cargos.
