Según la PGE, la CIDH puso “me gusta” el martes el mensaje a un mensaje de Morales en Twitter en el que aseguraba que "los bolivianos vuelven a vivir la escasez: largas filas para comprar alimentos, medicamentos y gas en medio de la incertidumbre y pandemia. El pueblo no solo tiene que luchar contra el coronavirus sino por sobrevivir como puede, en total abandono".
“Exijo al Ministerio de Gobierno una minuciosa investigación para dar con el o los responsables de una publicación que circuló en redes sociales y que mella mi honor y dignidad personal. Acudiré a instancias nacionales e internacionales hasta que esta cobarde acción sea sancionada”, señaló Copa en un mensaje a través de su cuenta de Twitter.
Ayer, el Ministerio de la Presidencia presentó una denuncia penal en contra de Huarachi, Morales, entre otros, por el supuesto delito de atentado contra la salud pública, tras la masiva marcha que la COB lideró el pasado martes en demanda de que las elecciones se desarrollen el 6 de septiembre y no se posterguen hasta el 18 de octubre, como definió el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
“Lo que se ha armado es una verdadera Fake News. Entiendo que gente como Samuel Doria Medina están en la idea de desviar atención, apuntar hacia los mismos que han apuntando durante todo este tiempo (…) La intención es amedrentarme y no lo van a lograr, yo voy a seguir denunciando lo que pasa en el país”, aseveró la exautoridad, exiliado en México.
"Recibí la confirmación de una cuarta prueba y, lamentablemente, sigo siendo positiva. De acuerdo al reporte, hay una baja carga viral, pero también estoy con bajo nivel de anticuerpos y eso implica que necesariamente tengo que seguir unos días más en aislamiento", dijo.
Según el reporte oficial del Ministerio de Salud, este miércoles el país sumó 1.207 nuevos contagios: 466 en Santa Cruz, 364 en La Paz, 161 en Tarija, 100 en Cochabamba, 54 en Oruro, 23 en Chuquisaca, 23 en Pando, 10 en Beni y 6 en Potosí.
“Presumimos que este atentado múltiple, tiene su origen en una presunta revancha de personeros del gobierno de transición, que han recurrido a amenazas de intervención y allanamiento de oficinas como fue el caso del Sedes La Paz en el mes de junio”, señala el comunicado de la Gobernación paceña.
