La Paz, 25 de octubre (Oxígeno).- Debido a la ausencia de políticas de protección, la debilidad en las instituciones y la pérdida de valores en la sociedad respecto a la infancia, la niñez y la adolescencia, la mayoría de las niñas y las adolescentes viven en riesgo de sufrir violencia sexual en sus casas, escuelas, en la calle, en sus lugares de trabajo o incluso en espacios de recreación, advirtió este domingo el Defensor del Pueblo, Rolando Villena.

Según el informe “Las niñas y las adolescentes: derechos invisibilizados y vulnerados”, que la Defensoría del Pueblo presentó recientemente, entre enero de 2014 y julio de 2015 la FELCV investigó un total de 1.290 hechos de violencia sexual a menores de 18 años, de éstos 1.223, es decir el 94% afectaron a las niñas y las adolescentes.  Por su parte, en los medios de comunicación en ese mismo periodo se registraron 508 hechos de violencia sexual, de éstos, 445 (el 88%), se cometieron contra mujeres menores de 18 años.

A nivel departamental, la diferencia porcentual es igualmente abrumadora. Durante el 2014 en Santa Cruz se denunciaron 276 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes mujeres y 14 contra niños o adolescentes varones;  en Chuquisaca la diferencia fue de 127 a 3 y en Pando fue de 21 a 0.

“Los delitos relacionados con la violencia sexual van desde la violación hasta el acoso callejero, el lenguaje y el uso de imágenes erotizantes, además del estupro y la pornografía, y la mayoría de los casos por estos delitos afectan a las niñas y las adolescentes de manera transversal a todas las regiones, comunidades, grupos sociales y niveles socioeconómicos”, afirmó Villena.

Una de las conclusiones del informe señala que la violencia sexual contra las niñas y las adolescentes se ha constituido en uno de los ámbitos de mayor riesgo y recurrencia debido, entre otros factores, a la debilidad de las instituciones responsables de enfrentar el problema; la ausencia de normas y políticas públicas que protejan a esta población específica y la indiferencia y silencio de la sociedad y sus instituciones.

 “Las niñas y las adolescentes están en el nivel más crónico de indefensión, por su condición de mujer combinada con su condición de edad; estamos viendo delitos de violencia sexual tan destructivos y desgarradores que ni siquiera generan movilizaciones sociales o propuestas de normativas nuevas y no pasan de ser temas de agenda mediática por algunos días, lo que fortalece dos vectores que impulsan la recurrencia del problema: la indiferencia y la impunidad”, manifestó el Defensor.

En relación a los casos publicados en 2014, el 40% los agresores sexuales eran desconocidos (sea porque no tenían ninguna relación con la víctima o porque no se había determinado quién era el delincuente), el 32% eran conocidos pero no familiares (vecinos, amigos de los padres, etc.), mientras que el 28% eran familiares cercanos. “Hemos visto también un incremento de casos en los que la niña o la adolescente se encontraba sin protección, al cuidado de familiares varones que resultaron sus victimarios o en el mismo espacio con amigos de los padres que consumían bebidas alcohólicas; lo que muestra también una prevalencia de desprotección e indiferencia de la sociedad respecto a las niñas y adolescente mujeres, lo que se refleja incluso en padres y madres”, indicó la autoridad.

Respecto a la distribución de los casos, aquellos que se señalan en los medios de comunicación reflejan que a nivel departamental, Santa Cruz registra el 37% de los casos de violencia sexual conocidos en 2014 (106 casos), la mayoría de ellos en la ciudad capital.  Cochabamba presenta el 32% del total (90 casos), siendo la particularidad de este departamento que en 10 de sus ciudades rurales se han presentado hechos de violencia sexual contra niñas y adolescentes, lo que representa el 33% del total de casos en ese departamento.  En relación a La Paz, los medios registraron en 2014 un total de 40 casos, 17 de los cuales se registraron en El Alto, 13 en La Paz y 7 en la región de Los Yungas.

Aunque ocurre por igual en todo el país, de los 281 casos publicados en 2014, un total de 228 (81%) sucedieron en ciudades capitales más El Alto y 53 (19%) en ciudades intermedias o en comunidades de provincias.