Christian Rojas
01/04/2015 - 11:56

Viceministra dice que la justicia comunitaria es más conciliadora y orientadora que la ordinaria

En entrevista con el periódico digital Oxígeno.bo, Ortega explicó que algunos conceptos utilizados en las normativas originarias pueden ser incluso de  reforma judicial  y puso como ejemplo la solución inmediata a conflictos en familia que tardan años en estrados judiciales.

Foto de archivo

La Paz, 31 de marzo (Oxígeno).- La viceministra de Justicia Originaria Campesina,  Isabel Ortega, sostuvo que la justicia indígena originaria es “más rápida y conciliadora” en comparación a la ordinaria cuestionada por la retardación y corrupción.

 

En entrevista con el periódico digital Oxígeno.bo, Ortega explicó que algunos conceptos utilizados en las normativas originarias pueden ser incluso de  reforma judicial  y puso como ejemplo la solución inmediata a conflictos en familia que tardan años en estrados judiciales.

“La justicia, indígena es rápida, es gratuita  es orientadora y conciliadora. ¿Por qué? Porque si están peleados se hace conciliar bajo un acta, antes era oral. Si una persona es acusada de robo los dirigentes hacían un control, esta es la justicia que creo todos queremos”, manifestó.

Si de sanciones se habla, la Viceministra de Justicia Originaria y Campesina, indicó que el castigo es duro  en una comunidad o región. Dijo que el acusado debe hacer hasta 1.000 adobes como castigo por incumplir compromisos.

Ortega cuestionó que la justicia ordinaria tenga un retroceso. Culpó de esta situación a los jueces, abogados y fiscales de ser los responsables de la retardación de justicia.

Por su parte, el Embajador de la Unión Europea en Bolivia, Timothy Torlot, dijo que el desafío más importante que debe afrontar la justicia en Bolivia es “recuperar la confianza del pueblo” que fue empañada por la mala administración de las autoridades judiciales.

Identificó que a raíz de esto las cárceles de al menos La Paz, Santa Cruz y Cochabamba sufren problemas de hacinamiento. Hizo énfasis en las decisiones de autoridades judiciales que en la mayoría de los casos resuelven la detención preventiva de los acusados.

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