Seguridad

El asambleísta departamental de La Paz, Roberto de la Cruz, informó que presentará una querella contra la juez Lorena Camacho por enviar a la cárcel al periodista Carlos Quisbert, acusado por el delito de Obstrucción a la Justicia.

El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional pidió a las autoridades de Bolivia ampliar por 60 días la detención preventiva con fines de extradición de Martín Belaunde Lossio, investigado en Perú por los delitos de peculado, asociación ilícita para delinquir y lavado de activos.

La comisión de fiscales tiene la misión de revisar el cuaderno de investigaciones del caso y verifiquen cuál ha sido la actuación que se tuvo en este caso.

La tarde del lunes, el juez del caso Alexander determinó la detención preventiva de Quisbert en el penal de San Pedro, bajo el argumento de obstrucción a la justicia. El periodista fue detenido en el centro de reclusión de Calahuma el fin de semana, cuando desarrollaba sus funciones investigativas sobre el caso del bebé Alexander.

La autoridad policial no dio detalles del nombre, la edad y a qué sindicato de choferes pertenece, pero dijo que fue remitido a instancias de la Fuerza de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de la urbe alteña.

La muerte del bebé Alexander ha conmovido a la sociedad boliviana, la ciudadanía se ha movilizado y las autoridades declararon su compromiso por esclarecer este hecho; sin embargo, investigaciones no avanzan. Por el contrario se estanan, pues investigadores asignados al caso renuncian, hubo cambio de fiscales y hasta un periodista que se atrevió a investigar el tema fue detenido de manera preventiva en la cárcel de San Pedro

El Consejo de la Magistratura está conformado por cinco magistrados, tres de ellos varones y dos mujeres. Los tres hombres eligieron a Sanabria, en una sesión en la que Mamani dijo que, por ley, le corresponde ejercer la presidencia del Consejo por seis años y denunció que sufre acoso político en su condición de mujer. El nuevo titular destaca en su hoja de vida que ha sido funcionario del Ministerio de Salud en la gestión de Evo Morales.

En la sede de Gobierno, una movilización pacífica llegó al Ministerio Público para expresar su rechazo a la detención. La puerta de la entidad estatal se cerró y policías antimotines la resguardaron.

David Toro que fue filmado, portando una gorra y una chapa policial, propinó agresiones significativas al abogado Juan Luis Campos.

“La ANP considera que esta decisión judicial, precedida de un irregular procedimiento de la fiscalía y la policía, representa un atropello a la libertad de expresión y de prensa, ampliamente protegidos en la Constitución Política del Estado (CPE)”, declaró el asesor legal de la organización que agrupa a los principales medios impresos de Bolivia, Eduardo Olivares.