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Ayer, el Gobierno aprobó el Decreto 4640 que dispone la presentación obligatoria del carnet de vacunación para asistir a lugares donde exista aglomeración de gente, tales como instituciones públicas, privadas, entidades financieras, religiosas, centros comerciales, mercados y supermercados, unidades educativas, universidades, institutos técnicos e instituciones educativas en general, lugares de entretenimiento y otros.

El Ministro de Educación también confirmó que el inicio de las clases 2022 será el 1 de febrero y anunció que las inscripciones escolares comenzarán el 17 de enero.

Tras la audiencia de medidas cautelares, que duró aproximadamente 10 horas, la exautoridad fue trasladada de inmediato y con fuerte resguardo policial al penal de Palmasola

La Comisión de Fiscales que investiga el caso presentó el pasado miércoles la imputación formal contra Sosa y solicitó su detención preventiva por 180 días, mientras se desarrollen las investigaciones para esclarecer el hecho.

“Estamos realizando los estudios de secuenciación genómica, hoy día ya tenemos los primeros resultados preliminares que establecen por el momento la no existencia de la mencionada variante en el país”, dijo el ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza.

El cuarto intermedio corresponde a que la defensa de la exautoridad presentó tres incidentes que deben ser resueltos por el juez antes de continuar con la audiencia y definir la situación jurídica de la exalcaldesa interina de Santa Cruz, Angélica Sosa.

La disposición es excepcional, con la condición de exigir certificado de vacunación anticovid, y “para evitar que la población retorne a sus casas en la oscuridad de la madrugada”.

La UIF hizo esa aclaración ante una publicación realizada por Virgilio Lema, en las redes sociales, en la que se señala que la Unidad de Investigaciones Financieras “nunca habría investigado los bienes Zapata”.

En noviembre se registró el primer caso de uso de aceite de cannabis medicinal para una niña que padece parálisis cerebral, autorizado por el Ministerio de Salud, a través de la Agencia Estatal de Medicamentos (Agemed).

“Este decreto es de la improvisación, porque quieran o no quieran decirlo esta es una obligatoriedad para la vacuna y al diablo la Ley de Emergencia Sanitaria que ellos mismos la han hecho, porque esta ley manifiesta que la vacunación no es obligatoria, que todo es con consentimiento informado (…) y hoy día con un Decreto Supremo borran su misma ley”, sostuvo Luis Larrea.