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El fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, en conferencia de prensa, dijo que el Ministerio Público solicitará la detención preventiva del exgeneral de la Policía en el Centro Penitenciario de San Pedro.

Ayer se conoció oficialmente que ambos exministros, investigados por el caso del presunto sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos, están en Estados Unidos desde noviembre del año pasado.

El director del Sedes de Santa Cruz indicó que Santa Cruz no cuenta con tecnología para identificar la nueva cepa de COVID-19 proveniente del Reino Unido, sin embargo, se prevé que ya esté circulando en ese departamento.

“Para proteger la salud de la población boliviana, mediante Decreto Supremo, ampliamos la suspensión de ingreso de vuelos procedentes de Europa a Bolivia hasta el 15 de febrero de 2021”, informó el presidente Luis Arce a través de su cuenta de Twitter.

"No podemos nosotros entrar simplemente en un pensamiento militarizado, como si la cuarentena o una restricción sea la única medida. Nosotros esperamos que no haya necesidad de llegar a este punto", dijo el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas.

La autoridad expresó esos criterios ante una audiencia de autoridades del Órgano Judicial, así como de la Fiscalía General del Estado y representantes de la Defensoría del Pueblo.

El exgeneral de la Policía y exjefe antidrogas fue arrestado en febrero de 2011 en Panamá, tras una operación de la DEA que logró desmantelar parte de una red de contrabando de drogas.

La acción fue realizada por personas pertenecientes al grupo Acción Humanista Revolucionaria (AHR), presuntamente religioso.

"Hay otra explicación del por qué tenemos más casos, por qué cada día encontramos cifras alarmantemente mayores que antes, y es sencillamente porque ahora se diagnostica mejor que hace 11 o 10 meses atrás", dijo el Ministro de Salud.

Ayer, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, confirmó que el exministro de Gobierno está en Estados Unidos desde el 12 de noviembre. La exautoridad es buscado por la justicia por la presunta compra irregular de gases lacrimógenos durante su gestión.