La norma se aplica al presidente, vicepresidente, ministros de Estado, asambleístas plurinacionales que hubiesen cesado en su mandato por cualquier motivo, y también a gobernadores, alcaldes y máximas autoridades ejecutivas de las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que administren recursos fiscales que hubiesen cesado en su mandato o fueron destituidos.