La Defensoría del Pueblo solicitó, este miércoles, al Ministerio Público que se inicie una investigación penal contra la Alcaldía de La Paz por el deslizamiento de Kantutani que ocurrió en abril pasado.

“La Defensoría recomienda al Ministerio Público iniciar una investigación para determinar responsabilidad penal en el presunto fallecimiento de tres personas como resultado del desastre ocurrido, por la falta de información requerida el día del deslizamiento por parte del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) y por la afectación de los bienes de varias familias”, señala un comunicado de esa institución.

Además, la Defensoría pide al Concejo Municipal de La Paz “iniciar acciones para determinar posibles responsabilidades por la falta de información oportuna a la población sobre la situación de riesgo en la que se encontraban los sectores afectados, y por la falta de fiscalización, omisiones y acciones, por parte de autoridades y funcionarios municipales, para impedir nuevos asentamientos humanos legales e ilegales en esas zonas desde 1985”.

En esa misma línea, la Defensoría también pide al Concejo paceño iniciar acciones “legales, administrativas o disciplinarias” contra el alcalde de La Paz, Luis Revilla, “por la falta de colaboración y respuesta a la Defensoría del Pueblo, que el 7 de mayo pasado solicitó información relacionada al deslizamiento y a las acciones realizadas por el gobierno edil”.

“No obstante que en cinco oportunidades (15, 16 y 23 de mayo y el 11 y 19 de junio) se hizo seguimiento a dicho requerimiento, hasta la fecha no se recibió una respuesta, incumpliendo lo establecido en el artículo 223 de la Constitución Política del Estado y del artículo 22 de la Ley 870 del Defensor del Pueblo.”, señala.

El deslizamiento  se registró  el  martes 30 de abril  y provocó el colapso de  68 inmuebles y tres personas fallecidas en el sector de San Jorge  Kantutani.

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