El alcalde de La Paz, Luis Revilla, explicó y defendió la legalidad de la rescisión de contrato con la empresa de Tratamiento Especializado de Residuos Sólidos y Servicios Ambientales S.A. (Tersa) y confirmó que a partir de ayer el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP) ha tomado el control del relleno sanitario de Sak’a Churu y el proceso de cierre del botadero de Alpacoma.

En conferencia de prensa, Revilla desvirtuó las acusaciones del gerente de esa empresa, Vladimir Gutiérrez, quien esta mañana anunció que demandará penalmente al Alcalde de La Paz por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, allanamiento y atentado contra su trabajo.

Revilla, en ese sentido, anunció que los extrabajadores de Tersa fueron contratados por la Alcaldía para seguir trabajando en el relleno sanitario de Sak’a Churu mientras dure el proceso de contratación de una nueva empresa que se haga cargo de este trabajo y también del cierre del botadero de Alpacoma.

Además, aseguró que la nueva empresa que contrate el GAMLP también tendrá la obligación de contratar a los extrabajadores de Tersa para asumir sus funciones. De esa manera, agregó el Alcalde de La Paz, “no está poniendo en riesgo” la operación del relleno sanitario.

“Desvirtuamos cualquier afirmación respecto a que se estaría atentando la libertad de trabajo o poniendo en riesgo la operación (del relleno de Sak’a Churu). El Gobierno Municipal ha asumido la administración del relleno y con los mismos trabajadores”, dijo.

Agregó que quien puso en riesgo la operación de Sak’a Churu es la empresa Tersa ya que, dijo, dejó de operar ayer.

Por otro lado, Revilla negó que haya habido un allanamiento a Tersa y señaló que ayer se dispuso que los guardias municipales hagan vigilia en el relleno de Sak’a churu ya que la empresa, denunció, busca llevarse maquinaria que es propiedad de la Alcaldía y que es “primordial” para el funcionamiento del botadero transitorio.

Revilla leyó una cláusula del documento firmado entre la empresa y la Alcaldía que señala que “el contrato se resolverá por aplicación de multas o penalidades mayores al 20% de la facturación mensual por un periodo igual o mayor a tres meses por operaciones continuas o discontinuas en el lapso de un año”.

Así, Revilla mostró los tres meses en los que las multas impuestas a Tersa fueron iguales o mayores al 20% de la facturación mensual. En enero, detalló, hubo una facturación de 1 millón 800 mil bolivianos y la penalidad de 953 mil bolivianos. En febrero, hubo una facturación de 2 millones 41 mil y una penalización de 462 mil y en abril se registró una facturación de 2 millones 622 mil y una penalización de 310 mil.

“Es bueno que se conozca que a partir de la resolución del contrato que se hizo el lunes el Gobierno Municipal no va a dar un solo centavo más para pagar a la empresa. No corresponde que se siga cubriendo los costos de la empresa”, acotó.